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El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, aseguró ayer que el Ejecutivo «lamenta» el «episodio» protagonizado por el juez Javier Gómez de Liaño y rehusó valorar la sentencia del Supremo que le condena a 15 años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación en la instrucción del «caso Sogecable».

En la conferencia posterior al Consejo de Ministros, Josep Piqué destacó que «el Gobierno no se siente en absoluto implicado en este tema», por lo que no hará ningún comentario al respecto.

Piqué consideró que «no deja de ser algo a lamentar que estas cosas pasen en el seno de la Audiencia Nacional, pero el Gobierno no entra en ningún momento a valorar el contenido de la resolución».

INDULTO
Preguntado por la posibilidad de que el abogado de Liaño solicite al Gobierno la concesión del indulto, Piqué aseguró que «cuando llegue esa solicitud se analizará como cualquier otra».

Por su parte, la secretaria general del grupo socialista del Congreso de los Diputados, María Teresa Fernández de la Vega, cree que la condena cierra la responsabilidad judicial de un «gigantesco lío digital», pero cree necesario dilucidar también las responsabilidades políticas.

El secretario de Relaciones con los Medios del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, expresó su respeto por la sentencia, aunque consideró que «como su origen es político» el Gobierno debería dar explicaciones políticas sobre este asunto.

Por su parte, el secretario de Economía del PSOE, Juan Manuel Eguiagaray, recordó que el juez fue «enaltecido, vitoreado y aplaudido por varios medios de comunicación y personas ligadas al Gobierno».

Julio Anguita, coordinador general de IU, y Pablo Castellano, diputado de esta misma formación, anunciaron hoy la apertura de una cuenta bancaria en favor del juez para expresar así «a título personal» su «solidaridad total» con él, a quien consideran «víctima de una sentencia objetivamente injusta».

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Benigno Varela, declaró que «una condena siempre es preocupante y cuando alcanza a una persona tan significada como un juez de la Audiencia Nacional es más preocupante si cabe».

Mientras, las asociaciones judiciales dijeron que la condena demuestra que los magistrados están sometidos a la Ley como todos los ciudadanos.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la Carrera, mostraron su respeto a la sentencia.
El fiscal había pedido en el juicio la absolución de Liaño al estimar que no había cometido delito.