El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, aseguró ayer que el
Ejecutivo «lamenta» el «episodio» protagonizado por el juez Javier
Gómez de Liaño y rehusó valorar la sentencia del Supremo que le
condena a 15 años de inhabilitación por delito continuado de
prevaricación en la instrucción del «caso Sogecable».
En la conferencia posterior al Consejo de Ministros, Josep Piqué
destacó que «el Gobierno no se siente en absoluto implicado en este
tema», por lo que no hará ningún comentario al respecto.
Piqué consideró que «no deja de ser algo a lamentar que estas
cosas pasen en el seno de la Audiencia Nacional, pero el Gobierno
no entra en ningún momento a valorar el contenido de la
resolución».
INDULTO
Preguntado por la posibilidad de que el abogado de Liaño solicite
al Gobierno la concesión del indulto, Piqué aseguró que «cuando
llegue esa solicitud se analizará como cualquier otra».
Por su parte, la secretaria general del grupo socialista del
Congreso de los Diputados, María Teresa Fernández de la Vega, cree
que la condena cierra la responsabilidad judicial de un «gigantesco
lío digital», pero cree necesario dilucidar también las
responsabilidades políticas.
El secretario de Relaciones con los Medios del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, expresó su respeto por la sentencia, aunque
consideró que «como su origen es político» el Gobierno debería dar
explicaciones políticas sobre este asunto.
Por su parte, el secretario de Economía del PSOE, Juan Manuel
Eguiagaray, recordó que el juez fue «enaltecido, vitoreado y
aplaudido por varios medios de comunicación y personas ligadas al
Gobierno».
Julio Anguita, coordinador general de IU, y Pablo Castellano,
diputado de esta misma formación, anunciaron hoy la apertura de una
cuenta bancaria en favor del juez para expresar así «a título
personal» su «solidaridad total» con él, a quien consideran
«víctima de una sentencia objetivamente injusta».
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Benigno
Varela, declaró que «una condena siempre es preocupante y cuando
alcanza a una persona tan significada como un juez de la Audiencia
Nacional es más preocupante si cabe».
Mientras, las asociaciones judiciales dijeron que la condena
demuestra que los magistrados están sometidos a la Ley como todos
los ciudadanos.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y la Asociación de
Fiscales, mayoritaria en la Carrera, mostraron su respeto a la
sentencia.
El fiscal había pedido en el juicio la absolución de Liaño al
estimar que no había cometido delito.
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