El auto del juez Baltasar Garzón sobre la posibilidad de imputar en
un sumario de los GAL a Felipe González siguió ayer siendo motivo
de polémica entre socialistas y populares. El propio magistrado de
la Audiencia Nacional afirmó que «decir que un magistrado hace
política es el típico comportamiento de quien quiere deslegitimar
las investigaciones para lograr la impunidad». Con estas palabras
aludía indirectamente a las acusaciones de que ha sido objeto por
parte del PSOE.
Garzón agregó que acusar a los magistrados de hacer política «es
instrumental, ya que la obligación de un magistrado es investigar y
sancionar comportamientos ilegales». El magistrado denunció durante
su intervención en un acto celebrado ayer en Milán que en los
últimos tiempos se ha «bajado la guardia» respecto a la lucha
contra la corrupción y criticó el comportamiento hipócrita de los
gobiernos, que por un lado juran y juran que quieren combatir la
corrupción pública y privada y por otro no hace nada contra los
países que aceptan como «paraísos fiscales».
El ministro de Educación y Cultura, Mariano Rajoy, calificó de
«auténtica inmoralidad» las declaraciones de Felipe González en las
que insinuaba que el PP está detrás de la decisión del juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón de pedir al Supremo que
reconsidere su decisión de no imputar al ex presidente del Gobierno
en relación con los GAL. Precisamente, el fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, anunció ayer que recurrirá
el auto del magistrado, al considerar que no ofrece los datos
suficientes para atribuir al ex presidente «los hechos que se
hubiesen cometido en España en aquella fecha».
El titular de Cultura y Educación aseguró que las afirmaciones
de González son impropias de «personas que deberían comportarse con
un mínimo de decencia», a la vez que instó a los socialistas a que
«si tienen problemas» que los resuelvan como quieran pero «déjennos
a los demás tranquilos». También el vicepresidente segundo del
Gobierno, Rodrigo Rato, consideró «gravísimo» que el PSOE denuncie
una supuesta politización de la Justicia en España ya que, en su
opinión, durante su etapa al frente del Ejecutivo «se pusieron en
grave peligro y deterioro instituciones españolas básicas».
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