El Congreso aprobó ayer definitivamente el Proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Civil con los votos a favor del PP, PNV e IU. Los
parlamentarios socialistas y de CiU votaron en contra de la
disposición final, aprobada en el Senado a propuesta del PP y clave
para la aplicación efectiva de la ley, ya que regula la
presentación de recursos de casación y de los recursos de
infracción procesal, recién creados por esta nueva norma.
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, expresó su
satisfacción. Destacó el trabajo que han efectuado los diputados y
senadores y el alto grado de consenso alcanzado. «Es un buen día
para el Parlamento, ya era hora de cambiar una ley de 1881, para lo
que hemos estado trabajando exclusivamente para el beneficio de
todos los ciudadanos».
Además, rechazó las críticas del sector de la abogacía a la
nueva ley, ya que, a su juicio, si la ley mejora el funcionamiento
de la justicia, también mejorará el trabajo de sus
profesionales.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Alberto Belloch,
anunció que su grupo presentará un recurso de inconstitucionalidad
por la disposición final del proyecto de ley, que prevé que el
Supremo estudie todos los recursos hasta que se apruebe una reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la que sea posible
que sean los tribunales superiores de las comunidades autónomas los
que resuelvan los recursos de infracción procesal. Según Belloch,
este supuesto supondría un problema constitucional porque
«provocará que existan 17 doctrinas diferentes, una por cada
tribunal superior de justicia».
El Grupo de CiU, que votó en contra de esta disposición final
aprobada a propuesta del PP, aún no ha estudiado si presentará o no
recurso de inconstitucionalidad, explicó el diputado Manuel Silva,
quien mostró su disconformidad con el proyecto de ley.
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