El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, anunció ayer que,
si es elegido presidente del Gobierno, su primera medida será
convocar a todos los partidos democráticos para restaurar el
consenso antiterrorista. También para los cien primeros días de
gobierno se compromete a subir las pensiones, acabar con el
servicio militar obligatorio, cerrar dos centrales nucleares e
imponer el canon sobre los beneficios de las empresas privatizadas.
Almunia afirmó que «la situación del País Vasco es especialmente
preocupante», ya que «el terrorismo ha vuelto a actuar mientras el
consenso entre las fuerzas democráticas ha dejado de existir por la
radicalización de unos y la prepotencia de otros». Si es elegido
presidente, su primera medida será «convocar con carácter inmediato
a las fuerzas parlamentarias y al Gobierno vasco para rehacer el
consenso en la lucha contra el terrorismo y definir entre todos una
estrategia de pacificación y de normalización de la situación del
País Vasco, en el marco del Estatuto de Gernica».
En una declaración pública realizada en la sede socialista de
Ferraz, el candidato socialista proclamó que sus 18 medidas para
los primeros cien días de gobierno son su «contrato político» con
los electores, por el que quiere que se le pidan responsabilidades
al término del plazo. Otras medidas que el candidato socialista se
compromete a aplicar en sus primeros cien días de Gobierno como
«signos evidentes de que la acción política responde a nuevos
principios y se plantea nuevos objetivos» serán la elevación de las
pensiones mínimas y no contributivas con efectos retroactivos desde
el 1 de enero de 2000.
La diferencia se abonará en la nómina de julio, en la que los
pensionistas recibirán también una paga única de 28.000 pesetas
como ganancia de poder adquisitivo correspondiente a 1999. Joaquín
Almunia piensa aprobar «con carácter urgente» una reforma del IRPF
«que establezca una tributación más favorable a las rentas del
trabajo», así como el anunciado canon sobre los beneficios
extraordinarios de las empresas privatizadas, por valor de medio
billón de pesetas que se destinará al fondo de reserva de pensiones
de la Seguridad Social.
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