ETA envió a mediados de febrero una nueva remesa de cincuenta
cartas extorsionadoras a empresarios vascos y navarros en las que
les exige el pago del 'impuesto revolucionario'. En términos
similares a otros envíos de la banda, ETA exige el pago de entre 10
y 25 millones y advierte al empresario que sus bienes han pasado a
ser objetivo operativo de ETA, hasta que abone lo exigido.
Fuentes de la lucha antiterrorista informaron de que ETA envió
las cartas extorsionadoras y situaron la recepción de las misivas
entre los dos atentados mortales de la banda que causaron la muerte
del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco García, el
parlamentario socialista Fernando Buesa, y su escolta, el ertzaina
Jorge Díez Elorza, o justo detrás de este último atentado.
Al final de las cartas, escritas en euskera, la banda añade un
texto en castellano en las que explican las exigencias y, en
algunas ocasiones, recuerdan al empresario que la misma petición de
pago del ´impuesto revolucionario´ fue realizada por la banda
terrorista en ocasiones anteriores.
Tras conocer la nueva remesa de cartas extorsionadoras a los
empresarios vascos, el presidente del Gobierno de navarra, Miguel
Sanz, pidió a los empresarios a los que ETA ha pedido el 'impuesto
revolucionario' que pongan este hecho en conocimiento de las
autoridades y advirtió que no debe hacerse caso «ni muchísimo
menos» a este «nuevo chantaje».
La Asociación de Empresarios de Guipúzcoa (ADEGI) confirmó los
chantajes y pidió a los partidos políticos que asuman que la paz es
tema prioritario en la agenda. Los empresarios indicaron que este
chantaje se ha venido manteniendo incluso durante el periodo en que
se mantuvo la tregua y aseguraron que esta situación «no hace sino
generar desazón y desánimo en la clase empresarial que lleva
demasiado tiempo soportando esta situación, que se convierte en un
obstáculo insalvable para la paz, el crecimiento económico, la
inversión y el empleo».
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