AgenciasMadrid01/04/00 0:00
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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó ayer a Mario Conde, Arturo Romaní, Fernando Garro y Rafel Pérez Escolar a cumplir 36'2 años de prisión y al pago de 7.200 millones, entre indemnizaciones a Banesto y multas, por los delitos cometidos en cinco de las nueve operaciones en las que estaban encausados. La mayor condena del caso ha sido la impuesta a Romaní (13 años y 8 meses), seguido por Conde (10 años y dos meses), Pérez Escolar (6 años y dos meses) y Garro (6 años). Todas las penas son muy inferiores a las solicitadas por el fiscal, que pedía 49'5 años de cárcel sólo para el ex presidente de Banesto.

La sentencia castiga con pena de cárcel sólo aquellas operaciones en las que queda demostrado de forma fehaciente el enriquecimiento ilícito de los ex gestores de Banesto, lo que ha supuesto dejar fuera cinco operaciones y absolver a siete procesados. Junto a los dos máximos gestores de Banesto, la Sala condena a seis años de cárcel al ex director general Fernando Garro por una estafa, y al ex consejero Rafael Pérez Escolar a otros seis años por estafa y apropiación indebida.

El tribunal ha llegado a la conclusión de que los cuatro condenados, Mario Conde, Arturo Romaní, Rafael Pérez Escolar y Fernando Garro, «abusaron» de su cargo para enriquecerse a costa del banco, en el que provocaron un quebranto de unos 7.150 millones, que ahora tendrán que devolver. Por ello, condena al ex presidente Mario Conde a diez años y dos meses de cárcel por un delito de estafa y otro de apropiación indebida, mientras que al ex vicepresidente Arturo Romaní le ha impuesto una pena mayor, de 13 años y ocho meses, por dos delitos de apropiación indebida y una estafa.

Tras cinco años de instrucción y dos años de juicio, el Tribunal no ha encontrado pruebas suficientes que demuestren que se ocultaron créditos de dudoso cobro, lo que ha supuesto la absolución de tres acusados, como son los ex consejeros Juan Belloso y Enrique Lasarte, y el ex secretario del consejo, Ramiro Nuñez.

Además, no hay pruebas fiables de que Euman-Valyser fuera en realidad el grupo oculto de empresas de Conde en España, ni que en las operaciones en la que participó este grupo fueran constitutivas de delito, por lo que absolvió al administrador de Euman, Eugenio Martinez.