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El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, negó ayer que el Ejecutivo haya influido en la decisión de Juan Villallonga de abandonar la presidencia de Telefónica y reiteró el «respeto» que le merecen las decisiones tomadas por los Consejos de Administración de empresas privadas. Cabanillas subrayó que el Gobierno ha «insistido hasta la saciedad» en el «respeto que hay que tener por cualquier empresa privada, sus órganos de dirección y las decisiones que toman ellos mismos», y en el mismo sentido se manifestaron los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés.

Birulés señaló que el nuevo presidente de Telefónica, César Alierta, es un «hombre con experiencia empresarial, como lo ha demostrado en los diferentes cargos que ha ocupado en empresas de primera línea». El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que «sería bueno» saber si la dimisión de Villalonga obedece a razones empresariales o a la existencia de «irregularidades», ya que, este caso, sería «motivo de preocupación» porque «estamos ante una empresa que es fruto de un proceso de privatización». El líder socialista se preguntó también si puede haber otra razón «que se escape a la lógica del funcionamiento interno de la empresa que tenga que ver con algún otro territorio más cercano a la política».

Por su parte, el nuevo secretario de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, dijo que llama la atención que, con el cambio de Villalonga por Alierta al frente de Telefónica, se sustituya «a un amigo de Aznar por un amigo de Rato». Sevilla consideró que deben continuar las investigaciones abiertas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre supuestas irregularidades cometidas por Villalonga, y se refirió a la posibilidad de que puedan paralizarse las actuaciones como consecuencia del posible pacto para el relevo del presidente de Telefónica.