OTR PressMadrid03/08/00 0:00
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De los 101.517 expedientes que ya se han resuelto, 85.526 han tenido una respuesta favorable y 13.811 han sido denegados. El delegado del Gobierno, que recordó los recursos que tienen los que no han sido admitidos para normalizar su situación, no descarta la expulsión «para que no sean explotados» y porque España «no puede responder a la obligación» de garantizar unos derechos a cualquier persona que cruce la frontera.

Este dato es interpretado por el Gobierno como una prueba del «efecto llamada» del proceso extraordinario de regularización. No obstante, Fernández Miranda coincidió con las organizaciones sociales al afirmar que no todas las solicitudes pertenecen a nuevos inmigrantes, ya que hay constancia de que muchos han presentado documentos en diferentes puntos, a los que hay que sumar a los familiares de residentes. Hasta el momento se han resuelto 101.517 expedientes y se han rechazado 13.811 por falta de documentos o errores en los mismos. En total se estima que unos 50.000 personas quedarán fuera del proceso. Aunque el delegado del Gobierno no se pronunció abiertamente sobre la expulsión de las personas que no consigan entrar en el cupo de una u otra manera, no negó la posibilidad de la expulsión.

Este es uno de los puntos más temidos por los sindicatos y las organizaciones sociales sobre la reforma de la actual Ley de Extranjería, ya que el Gobierno plantea el considerar un motivo de expulsión la estancia ilegal en España. No obstante, Fernández Miranda recordó que estas personas tienen la posibilidad de recurrir ante los tribunales o intentar entrar en los procesos ordinarios de regularización, o sea los contingentes. Además, subrayó que espera que el número de personas expulsadas sea «el menor posible» porque hacen falta muchos extranjeros para trabajar en España.