La policía actuó en Sevilla contra los manifestantes para permitir la distribución de carburantes de la CLH.

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COAG, única organización que no firmó el acuerdo suscrito entre los ministerios de Agricultura y Hacienda y los representantes de los agricultores bloqueó ayer el acceso a los depósitos de CLH en diez comunidades autónomas. Los bloqueos se han realizado en Catalunya, en Aragón, en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia. La coordinadora de agricultores y ganaderos solicita la implantación de un gasóleo profesional agrícola en torno a las 40 pesetas por litro. Según COAG, más de la mitad del sector agrario aún no tiene soluciones ante la grave crisis causada por el aumento de los precios de los carburantes.

El ministro Portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, calificó de «lamentable» el hecho de que en cada sector afectado por la subida de los carburantes sean siempre las mismas organizaciones las que mantienen las movilizaciones a pesar de que se hayan firmado acuerdos con la Administración.

En Barcelona todo vuelve a la normalidad lentamente. Los responsables de la Delegación de Gobierno de Barcelona llegaron a un acuerdo con las cofradías de pescadores para desbloquear el acceso a la central de hidrocarburos y permitir el paso de camiones cisterna, sin embargo un piquete de agricultores mantenía bloqueado ayer el acceso. Ante la negativa de los agricultores a abandonar la zona, efectivos policiales realizaron una primera carga contra los concentrados, que decidieron deponer su actitud. Por la tarde los agricultores y pescadores catalanes cortaron de nuevo algunas carreteras.

En Tarragona las fuerzas antidisturbios cargaron contra los 300 payeses que bloqueaban CLH y les obligaron a retirarse de los accesos a la central de carburantes. Los agentes consiguieron desbloquear la entrada tras una segunda carga con pelotas de goma. Además, se ha puesto en libertad a dos detenidos que se resistieron a abandonar el bloqueo. CiU ya ha anunciado que piensa pedir explicaciones al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, por la carga policial, que los nacionalistas consideran «contundente y desproporcionada».