El ministerio de Fomento consiguió reunir ayer por la mañana a
transportistas y cargadores si bien fracasó en su intento de que el
sector y la Administración pudieran firmar un acuerdo que palíe el
efecto de la subida del precio de los carburantes en sus costes.
La reunión estuvo presidida por el titular de esta cartera,
Francisco Àlvarez Cascos, que el pasado viernes, tras una semana de
negociaciones, confirmó que su departamento tiene cerrado un
acuerdo con los transportistas. Àlvarez Cascos, señaló que «el
problema de representatividad del movimiento asociativo» es una de
las razones por la que todavía no se ha cerrado un acuerdo y
explicó que si en la mesa no están quienes representan al sector
todo lo que ahí se decida «se derretirá como el hielo».
El conjunto de medidas que el Gobierno ha ofrecido al sector del
transporte por carretera, que ya han sido aceptadas por el sector
aunque aún no se ha firmado ningún acuerdo definitivo, asciende a
52.900 millones de pesetas, según informaron fuentes de la
negociación. Entre estas ayudas, destacan los 20.000 millones de
pesetas que irían destinados a la reducción de los módulos del IRPF
y los 10.000 millones que corresponderían a desgravaciones por
inversiones en vehículos menos contaminantes.
El presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera,
Ovidio de la Roza, aseguró que su objetivo es lograr un compromiso
firme por parte de los cargadores de cumplir el código de buenas
prácticas ya negociado y de las tarifas de referencia vigentes, lo
que llevaría a desconvocar la movilizaciones.
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