Maragall presentó ayer su «Gobierno Alternativo» delante del Parlament de Catalunya.

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OTR/PRESS - BRUSELAS/BARCELONA La decisión de la Comisión Europea de suspender el pago de 14 millones de euros, unos 2.329 millones de pesetas, que constituían el adelanto para Catalunya del Fondo Social Europeo para el año 1999 debido a posibles irregularidades en su gestión, ha creado polémica. Según el conseller de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida, el motivo de esta suspensión es el debate político sobre el «caso Pallerols». El portavoz del PSC, Joaquim Nadal, aseguró que su grupo exigirá que se investigue este caso hasta las últimas consecuencias.

El eurodiputado socialista Joan Colom denunció este fraude, el «caso Pallarols», por el que, supuestamente Unió Democrática de Catalunya (UDC) se habría financiado ilegalmente con fondos procedentes del Fondo Social Europeo por medio de empresas que dan cursos de formación.

La Comisión Europea está personada en dos procedimientos judiciales sobre este caso que se están llevando en Tarragona, y ha remitido el asunto a la Oficina Europea de Lucha Antifraude. Si la Comisión confirmara estas irregularidades o no recibe explicaciones satisfactorias sobre su uso podría estar en juego la dotación de 50 millones de euros, 8.319 millones de pesetas, que tiene asignada Catalunya de estos fondos.

La Generalitat ha asegurado que los citados centros de formación han sido eliminados de la lista de subvencionados con estos fondos, aunque todavía no se han remitido a la Comisión los resultados de la investigación interna realizada por las autoridades regionales. El conseller de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró que la decisión de la Comisión Europea se debe «al debate político que se ha mantenido aquí», en referencia al «caso Pallerols», algo que, a su juicio, es un debate caducado. Sin embargo, no quiso dar más explicaciones, ya que le corresponde valorar este asunto al conseller de Trabajo, Lluis Franco.