El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Javier Balza, reprochó
ayer a algunos fiscales de la Audiencia Nacional que no acusaran
ante el juez a personas que reconocieron ante éste haber colaborado
con dos comandos concretos de ETA, y que han quedado en libertad, y
lamentó que no exista la relación deseable entre algunos fiscales y
la Ertzaintza.
Balza compareció para informar sobre el hecho de que de los doce
detenidos por la Ertzaintza el pasado mes de agosto en sendas
operaciones policiales contra los comandos «Vizcaya» y «Araba» de
ETA, nueve fueran puestos en libertad. El consejero explicó, sin
citar los nombres, que tres de los detenidos por la Ertzaintza
relataron ante el juez diversas actuaciones de infraestructura para
el «comando Vizcaya», y que quedaron en libertad sin cargos al no
haber formulado acusación alguna la Fiscalía.
Recordó que ha habido «muchos casos» en los que este tipo de
personas han utilizado la no adopción de medidas cautelares contra
ellos para poder huir de la Justicia, y citó los casos, «tristes y
lamentables», de los presuntos etarras Igor Solana y Harriet Iragi,
detenidos recientemente en Andalucía, que fueron detenidos
anteriormente por la Ertzaintza hace años y puestos en libertad
condicional por un juez.
El consejero expuso tres casos concretos de otros tantos
detenidos en las operaciones contra los dos comandos etarras en
agosto. Dio a conocer que una de las detenidas por su presunta
relación con el comando «Araba» de ETA, que quedó en libertad bajo
fianza de medio millón de pesetas, reconoció ante el juez haber
acogido a un miembro «legal» de la organización terrorista, al que
llegó a ver armado en su casa y al que facilitó los medios para
buscar otro escondite. Balza recordó que este presunto miembro de
ETA se encuentra ahora huido de la Justicia.
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