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Los funcionarios vuelven a la carga. Los sindicatos convocaron ayer una huelga general en las Administraciones Públicas durante los días 14 y 15 de diciembre para instar al Gobierno a que renegocie la subida salarial de los empleados públicos y la aumente hasta el 4'7%. Las centrales exigen la eliminación de la tasa de reposición del 25 por ciento, la inclusión de la cláusula de revisión salarial y la retirada de la nueva normativa sobre movilidad geográfica.

Este paro es una de las medidas de presión que los sindicatos de la Función Pública piensan adoptar para mejorar el poder adquisitivo de los funcionarios y para manifestar su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. La protesta podría ampliarse. CSI-CSIF está pendiente aún de que sus órganos de gobierno aprueben sumarse a esta convocatoria.

La principal demanda que hacen los sindicatos al gobierno de Aznar es una subida salarial de 4'7 puntos para los empleados públicos: el 2 por ciento de la previsión de inflación para 2001, sumado a la desviación prevista del IPC para este año (1'7 puntos), más el 1 por ciento que reclaman en ganancia de poder adquisitivo. En total esto supondría 39.000 millones de pesetas.

Las centrales exigen, además, la inclusión de la cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios, la eliminación de la tasa de reposición del 25 por ciento y la retirada de la nueva normativa sobre movilidad geográfica de los funcionarios que el Ejecutivo incorporó en la Ley de Acompañamiento de los PGE.

Según los secretarios generales de las Federaciones de la Función Pública de CC.OO, Carlos Sánchez, de UGT y Julio Lacuerda, y de CSI-CSIF, Domingo Fernández, el paro trata de frenar la intención del Gobierno de «cuadrar el déficit cero a expensas de las rentas sociales y salariales».