La Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer la
regularización de los inmigrantes que quedaron fuera del proceso
extraordinario. De esta forma el Ejecutivo da un paso hacia el PSOE
para alcanzar un acuerdo de Estado en materia de Inmigración, ya
que ésta era una de sus exigencias. Además, el Gobierno aceptó
enmiendas que afectan a 37 artículos. Sin embargo, no consiguió el
consenso en los artículos referentes a los derechos sociales.
Los inmigrantes ilegales que solicitaron regularizar su
situación pero que no lograron demostrar que llevaban en España
desde antes de junio de 1999 tendrán una nueva oportunidad de
establecerse legalmente. El Ejecutivo marca nuevas condiciones en
un Real Decreto que no incluirá la presentación de documentación
que acredite la estancia en el país. Esta es la principal novedad
que se desprende de las negociaciones mantenidas en la Comisión
Constitucional mantenida en el Congreso y que responde a una
petición del PSOE para alcanzar un acuerdo de estado sobre
Inmigración y Extranjería.
Según los últimos datos del proceso de regularización
facilitados por el Ministerio del Interior, 57.000 inmigrantes han
visto denegada su solicitud en primera instancia, aunque esto no
significa que el Real Decreto vaya a afectar a todos ellos.
Además, el PP admitió más de 60 enmiendas, que afectan a 37
artículos, referidas a extender el derecho a la educación infantil
a todos los menores extranjeros, independientemente de la situación
administrativa de sus padres, y el procedimiento de la reagrupación
familiar e incorpora como sujeto reagrupable al ascendiente cuando
esté a su cargo y no tenga otro familiar en su país de orígen;
modificaciones al derecho de circulación; la posibilidad de que los
extranjeros empadronados puedan ser oídos en los asuntos que les
afecten, que ya habían sido anunciadas por Fernández-Miranda.
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