El Gobierno dice que la sentencia de la Audiencia trastoca su política económica

El fallo, publicado el pasado 23 de enero y recurrido ayer, dio la razón a CC OO -sindicato denunciante-, y ordenaba al Gobierno pagar a los empleados públicos el incremento retributivo correspondiente a 1997 y a los años sucesivos, y a negociar con los sindicatos de la Función Pública. Ahora, si la Audiencia Nacional admite el recurso de casación, la Abogacía del Estado presentará un escrito, más amplio, -el recurso propiamente dicho- con las razones de fondo que llevan a considerar que la sentencia recurrida no se ajusta a derecho.

De momento, en el escrito presentado ayer, el abogado del Estado opina que la sentencia es recurrible de casación ordinaria -ante el Tribunal Supremo-. Explica que el acto administrativo trasciende a una mera cuestión de personal porque «el régimen de retribuciones de los funcionarios públicos alcanza al núcleo mismo de la política general del Estado y se integra en la materia presupuestaria».

Añade que la cuestión incide «de manera directa en la planificación de la actividad económica española, en la defensa de los intereses generales y cuya fijación y protección competen al Gobierno de la nación, así como en la defensa de la política exterior (relaciones internacionales), cuya competencia exclusiva también le reconoce la Constitución».

Mientras, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, comunicó ayer a CC OO que habrá que esperar a que la sentencia de la Audiencia Nacional sea definitiva antes de tomar en consideración su contenido. En una carta que Posada envió al coordinador del Àrea Pública de Comisiones Obreras, Carlos Sánchez, considera «razonable» esperar a los «pronunciamientos definitivos» del tribunal, y recuerda que el diálogo social es un principio básico de relación y obtención de acuerdos, además de ser «el espíritu que siempre ha animado y va a animar nuestras relaciones» con los sindicatos.