El ministro de Justicia, Angel Acebes, presentó ayer en el Congreso
un pacto para la reforma de la Justicia, con un coste de 250.000
millones. El Plan que el Gobierno propone a los grupos políticos y
comunidades autónomas incluye un paquete de medidas legislativas
que reforman el sistema de elección de los vocales del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) y la Ley del Jurado, entre otras
cosas.
La oposición aceptó negociar el proyecto del Gobierno y
coincidió en señalar que el objetivo prioritario debe ser mejorar
el funcionamiento de la justicia en interés de los ciudadanos. El
punto más conflictivo de la reforma es la modificación del sistema
de elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial.
PSOE, PNV, CiU e Izquierda Unida mantienen un pulso con Acebes en
este punto y a priori no pretenden acceder. El ministro pretende
modificar el sistema de designación de los 20 vocales del Consejo
por el Parlamento, de modo que 12 de ellos sean elegidos por los
propios jueces.
Acebes señaló que el sistema vigente, consistente en el
nombramiento de los miembros por parte de los propios partidos, «ha
provocado un daño formidable» a la Justicia, al dar una imagen de
«clientelismo». En este sentido, explicó que los miembros del CGPJ
son conocidos por la opinión pública como vocales del PSOE, del PP
o del partido que les propuso para el puesto, algo que según dijo
deslegitima el Poder Judicial.
Por el contrario, el secretario general del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, advirtió que no puede haber Pacto de Justicia
si el Gobierno se empeña en introducir esta reforma, que considera
«un elemento de competencia entre los jueces». «Para eso está el
Parlamento que es el que representa a los ciudadanos para que haya
un CGPJ que gobierne la Justicia dentro de los límites que tiene
marcados en la Constitución». IU, por su parte, ve la reforma como
una venganza y un enfrentamiento de poderes.
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