Miquel Castilla sustituye al edil del PP de Viladecavalls asesinado por ETA.

Miquel Castilla sustituye al edil del PP de Viladecavalls asesinado por ETA.

EfeMadrid16/03/01 0:00
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Según informaron fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, así lo asegura el magistrado en el escrito remitido ayer al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en el que solicita que se investigue si Otegi pudo cometer un delito de terrorismo en relación con desórdenes públicos y daños por inducción y otro de amenazas terroristas. El juez afirma que la ola de violencia callejera que se desató tras la lectura del comunicado de Haika en la conferencia de prensa en la que estuvo presente Otegi «no se hubiera producido o no se habría desarrollado con la intensidad desplegada si no se hubiera producido la intervención y arropamiento de aquel parlamentario».

El pasado día 6, tras la detención de quince dirigentes de Haika, Otegi asistió a una conferencia de prensa en el hotel Costa Vasca de San Sebastián en la que un miembro de esta organización juvenil dio lectura a un comunicado tras el cual se registró lo que Garzón, según las mismas fuentes, describe en su escrito como «una reacción hiper-violenta contra personas y bienes en todo el País Vasco». En el comunicado, leído en castellano por el miembro de Haika Asier Tapia, quien ingresó en prisión el pasado sábado junto a los otros quince detenidos acusado de integración en ETA, se hacía referencia a las detenciones y se decía que «vamos a responder con todo nuestro enfado a los que quieren aniquilar y vender este pueblo y no les va a salir gratis».

Según Garzón, los responsables de Haika y de Herri Batasuna (HB), en cuya sede se redactó el manifiesto, buscaban con la rueda de prensa «efectuar una llamada general y una incitación, directa e inmediata, a los militantes de Haika para que desarrollen toda una serie de actos vandálicos o de 'kale borroka', con la finalidad de producir intimidación o amedrentamiento de la población». En el escrito se reseñan un total de veintiuna acciones de violencia callejera registradas entre los días 6 y 11 de marzo y por las que ya se han incoado diligencias previas.