El secretario de organización del PSOE, José Blanco, manifestó ayer
el «respeto» de los socialistas a la decisión del Tribunal
Constitucional de no admitir los recursos contra el fallo del «Caso
Marey» y dijo que «acatan» la resolución «sin ningún tipo de
reservas». El dirigente socialista expresó su deseo de que esta
decisión «no sirva para elevar la crispación política en este siglo
XXI» en relación a un tema que, según dijo, «ya es del siglo
pasado» y, por tanto, «hay que mirar al futuro como lo hace el
PSOE». En este sentido, criticó al PP porque, según dijo, «cuando
tienen alguna sentencia que no le gusta, no sólo la recurre, sino
que descalifica la resolución» y se refirió en concreto a la
sentencia de la Audiencia Nacional sobre el sueldo de los
funcionarios y a la vuelta al ejercicio judicial de Gómez de Liaño.
También las asociaciones de Jueces y Fiscales mostraron ayer su
«respeto» hacia la decisión del TC. El portavoz de la Unión
Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, señaló que «no hay nada
que objetar» respecto a la sentencia. «Es totalmente respetable y
no vemos ningún tipo de objeción», agregó Salazar, quien subrayó
que los argumentos del Constitucional son «razonables». Por su
parte, la portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas,
indicó que aunque desconocía por el momento los fundamentos
jurídicos de la sentencia, la decisión del TC acredita que la
sentencia del Tribunal Supremo se dictó conforme a la Constitución,
sin vulnerar durante el procedimiento los derechos fundamentales de
ningún condenado.
El TC ha avalado así la instrucción realizada por el juez
Baltasar Garzón en el «caso Marey». El tribunal señala en varias
sentencias donde rechaza todos los recursos de los condenados por
«caso Marey» de los GAL que «ni se ha vulnerado garantía
procedimental alguna ni muchos menos se ha infringido el derecho al
juez imparcial», porque estima que no ha quedado probado que Garzón
usara en la instrucción datos conocidos durante su etapa en el
Ministerio del Interior.
Por su parte, Segundo Marey, secuestrado en 1983 en la primera
acción atribuida a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL),
dijo ayer que está «muy feliz» de que el Tribunal Constitucional
español haya confirmado las penas. «Me siento muy, muy contento»,
señaló Marey por teléfono desde su domicilio en Hendaya, localidad
vascofrancesa fronteriza con España. «Suponiendo que (los
magistrados) hubieran hecho lo contrario, me sentiría culpable. Si
hubieran sido absueltos me hubiera sentido raro», comentó, y
consideró «normal» el rechazo del Constitucional de los recursos
presentados por los condenados.
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