El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero,
anunció ayer que su partido interpondrá un recurso de
inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley de
extranjería, en concreto contra aquellos que afectan a derechos
fundamentales de las personas. El líder efectuó este anuncio en la
conferencia de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva
Federal del PSOE, que se celebró ayer en Mérida y explicó que, en
concreto, el recurso «atacará» la regulación del derecho de
reunión, de asociación, de sindicación y de huelga, así como la
asistencia jurídica gratuita. A su juicio, es «necesario» que haya
un pronunciamiento, que «lamentablemente será un pronunciamiento
tarde por el retraso que tiene la justicia constitucional, cuestión
bien preocupante».
Rodríguez Zapatero insistió en que el debate sigue abierto, «no
para los años posteriores que tarde el Tribunal Constitucional
(TC), sino que sigue abierto porque el Grupo Socialista en paralelo
al recurso va a presentar una proposición de Ley de modificación de
la ley de extranjería en los aspectos que atañen al propio
recurso». El PSOE sigue en el diálogo y en la voluntad de concretar
acuerdos y mejoras, subrayó Rodríguez Zapatero, quien dijo que la
actitud que ha mantenido estos meses su partido «está permitiendo
que el Gobierno no tenga más remedio que abrir espacios de
diálogo». En este sentido se refirió al reglamento del desarrollo
de la Ley, al que «lógicamente vamos a hacer propuestas de
modificación».
Asimismo, anunció que el PSOE va a presentar un plan integral de
gestión de la inmigración que abarque una dotación presupuestaria
«adecuada», políticas educativas, de vivienda y sociales, a
gestionar con las comunidades, y dijo que va a promover un «gran»
manifiesto por la convivencia abierto a todos los sectores
sociales. Preguntado sobre la reticencia que ha mantenido respecto
al recurso, Rodríguez Zapatero afirmó que «si el PSOE dijo en el
Parlamento que existían dudas más que razonable sobre la
constitucionalidad de algún precepto, que nos llevó a votar que no,
es coherente, ante la imposibilidad de que el Gobierno rectifique,
que sea el TC quien dirima el tema».
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