Un hipotético referéndum sobre autodeterminación, como el que
baraja el PNV y el Gobierno vasco, ha de ser autorizado previamente
por el Gobierno central y convocado por el Rey, según recalca el
Ejecutivo en una respuesta parlamentaria. Además advierte de que
«tomará todas las medidas que sean necesarias» para evitar que se
vulneren los preceptos constitucionales con una iniciativa de ese
tipo.
De esta forma responde el Ejecutivo de José María Aznar al
coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien se
había interesado por las medidas previstas por el Gobierno en el
caso de que el Gobierno vasco o una parte importante de la sociedad
vasca propugasen la celebración de ese referéndum de
autodeterminación.
En su respuesta el Gobierno esgrime todas los preceptos que
contempla el ordenamiento jurídico para impedir que el Ejecutivo
autonómico lleve a la práctica esta convocatoria. Tras señalar que
la soberanía nacional reside en el pueblo español, el Ejecutivo
recuerda el artículo 2 de la Carta Magna: «La Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza
el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas».
Así, aclara que la Carta Magna señala que cuando se proponga una
revisión total o parcial de la Constitución que afecte a ese
artículo 2, se procederá a la aprobación del principio por mayoría
de dos mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución de
las Cortes.
Aunque el artículo 62 de la Constitución dice que las decisiones
políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a
referéndum consultivo de todos los ciudadanos, subraya que
corresponde al Rey convocar un referéndum.
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