El PP considera que el «caso Gescartera» es una «gran estafa» en la
que, por acción u omisión, tienen responsabilidad determinados
clientes de la agencia, la auditora que revisó sus cuentas, las
entidades financieras que operaron con ella y la Fundación ONCE,
que se iba a convertir en el accionista de referencia, pero exculpa
al Gobierno. Por ello, el Grupo Parlamentario del PP propone, en
sus conclusiones, mejorar los mecanismos de control y de
funcionamiento de la CNMV, de las auditoras, de la Agencia
Tributaria y de los bancos.
En su propuesta de conclusiones de la comisión de investigación,
presentada ayer en el Congreso de los Diputados, el PP exime de
culpa al Gobierno, que no tuvo conocimiento de las visicitudes de
la empresa de Antonio Camacho «ni pudo tenerlo». Así, cree que no
existen responsabilidades políticas «adicionales» a las asumidas
con las dimisiones de Enrique Giménez-Reyna (secretario de
Hacienda) y Pilar Valiente (presidenta de la CNMV), y los ceses de
los responsables de las inversiones de las empresas públicas SAES y
Cetarsa, las que consideran suficientes.
Como explicó el portavoz del PP en la comisión parlamentaria,
Vicente Martínez-Pujalte, para el grupo mayoritario «ni de la
documentación ni de las comparecencias se ha desprendido
implicación alguna, ni directa ni indirecta, de algún miembro del
Gobierno, ni de ningún otro alto cargo, en el devenir de la empresa
Gescartera o de las empresas ligadas a ella». «Por tanto, no existe
ninguna responsabilidad política adicional (a las ya asumidas)»,
añade el PP.
Por su parte, representantes del PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto en
la comisión tienen previsto mantener hoy un primer encuentro para
analizar la posibilidad de presentar un texto conjunto con una
visión alternativa al diagnóstico planteado por el PP.
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