El cuñado (izquierda) y varios familiares de José María Lidón se abrazan al conocer la muerte del magistrado.

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La banda terrorista ETA asesinó ayer en Getxo (Vizcaya) al juez José María Lidón Corbi coincidiendo con la constitución del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y un día después de la detención de dos miembros del comando Madrid tras cometer un atentado en la capital de España. El atentado se produjo pasadas las siete de la mañana cuando dos terroristas, pertenecientes, según el consejero vasco de Interior, Javier Balza, al reconstituido 'comando Vizcaya', dispararon cinco balas contra el magistrado tres de las cuales impactaron en su cuerpo y acabaron con su vida casi en el acto.

El juez, que no tenía escolta y cuyo nombre no había aparecido en ninguna documentación incautada a ETA, salía en coche de su garaje acompañado de su mujer cuando le abordaron los terroristas. Uno de sus hijos, que salió del garaje unos instantes antes del atentado, fue quien dio aviso a la Ertzaintza de lo ocurrido.

Las asistencias médicas desplazadas al lugar, una zona residencial muy poblada del barrio de Algorta, trataron de reanimar sin éxito a la víctima, cuyo cuerpo quedó tendido en el suelo hasta que el juez de guardia ordenó su traslado al Instituto de Medicina Legal de la Audiencia de Vizcaya. Balza aseguró que ha habido un «importante elemento de colaboración ciudadana» que ha facilitado información a la Ertzaintza.

La capilla ardiente quedó instalada en el Palacio de Justicia de Bilbao y fue visitada por numerosas autoridades políticas e institucionales y representantes de la judicatura, así como la totalidad de miembros del CGPJ.

Los jueces vascos se quejaron la semana pasada de su inseguridad al Poder Judicial
El último asesinato de ETA ha reabierto la polémica sobre la seguridad de los jueces en el País Vasco. Los presidentes de las Audiencias provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya enviaron cartas al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado, mostrando su preocupación por este asunto. El ministro de Justicia, Angel Acebes, aseguró que dar protección a todos los colectivos amenazados «es muy complicado».