Después del acuerdo alcanzado por los gobiernos central y vasco, el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las autoridades
judiciales del País Vasco acordaron ayer fijar incentivos
económicos para evitar la desbandada de jueces y fiscales que
desarrollan su labor en Euskadi, tras el asesinato a manos de ETA
del magistrado José María Lidón. Otra de las medidas acordadas es
que los jueces sustitutos contarán también con escolta siempre que
su labor en la comunidad autónoma tenga cierta continuidad.
El presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, y sus vocales
territoriales en el País Vasco, Juan Pablo González y Javier
Martínez Lázaro, analizaron la actual situación con el presidente
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María
Zorrilla, y los de las audiencias provinciales de Guipúzcoa,
Victoria Cinto; Alava, Iñigo Madaria; y Vizcaya, Ana Iracheta.
El objetivo que pretende lograr el Poder Judicial es que los 198
jueces que ejercen en el País Vasco no se marchen por miedo a ETA.
Para «estimular su permanencia», en palabras de Zorrilla, los
presentes en la reunión acordaron mejoras retributivas. La máxima
autoridad judicial del País Vasco recordó que los jueces no reciben
en la actualidad ningún incentivo o complemento económico por
trabajar en Euskadi.
No obstante, Manuel María Zorrilla confió en que estos
incentivos se aprueben en próximas fechas. Los incentivos no serán
sólo económicos, sino que también se producirán intercambios
profesionales, asistencia a cursos y mejora de condiciones de
trabajo. Con este objetivo, Hernando se reunirá en los próximos
días con el lehendakari Ibarretxe.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.