La propuesta realizada por el Partido Popular de subir los
impuestos de la gasolina para mejorar la financiación sanitaria en
España se ha encontrado con la oposición en bloque de partidos
políticos, empresarios y sindicatos. El PSOE dice que la medida
vulnera el Pacto de Toledo y el principio de solidaridad, los
sindicatos la califican de injustificable, y los empresarios de
gasolineras afirman que el nuevo impuesto «pagará favores
atrasados». El Ejecutivo matizó ayer que serán las propias CCAA
quienes decidan si aplican o no el impuesto sobre la gasolina.
La proposición del Gobierno es considerada por el partido
socialista como «inadmisible» ya que no sólo vulnera el Pacto de
Toledo, sino que quiebra el principio de solidaridad consagrado en
la Constitución, «que establece que servicios públicos como la
sanidad deben financiarse a través de los recursos que el Estado
recauda dentro de los impuestos». La secretaria de Consumidores y
Usuarios de la Ejecutiva Federal del PSOE, Isabel Pozuelo, denunció
además que esta medida supondría también una vulneración del pacto
del Toledo, «que consagró que la financiación sanitaria, como
servicio público, se realizara a través de la recaudación de los
impuestos, de la caja nacional, como garantía de solidaridad
interterritorial».
Según la dirigente socialista la creación de un impuesto de
carácter finalista para su financiación pone de manifiesto la
fragilidad y debilidad del sistema sanitario que estaría pendiente
de las oscilaciones que tuviera la recaudación de este impuesto. En
su opinión, esta propuesta evidencia que «el nuevo sistema de
financiación sanitaria para el próximo quinquenio es insuficiente y
no tiene los fondos necesarios para garantizar los servicios
públicos del Servicio Nacional de Salud».
Los sindicatos tampoco ven claro lo del nuevo impuesto. Para
CCOO la medida es profundamente «errónea y absolutamente
injustificable». El secretario de Comunicación de CCOO, Rodolfo
Benito, criticó que se plantee un incremento de los impuestos que
gravan el consumo con el objetivo de aumentar los ingresos del
Estado y señaló que es «muy peligroso» que cada vez pesen más en la
estructura impositiva los impuestos indirectos frente a los
directos. En su opinión la postura del Gobierno es «demagógica» y
«dógmática» al plantear un incremento del impuesto sobre
hidrocarburos tras haber llevado a acabo una reforma sobre el
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) «que ha
supuesto una merma de 800.000 millones de pesetas en los ingresos
del Estado».
Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez el nuevo
impuesto sobre hidrocarburos responde a un modelo fiscal regresivo
que entraña riesgos de un aumento de la inflación. En su opinión,
esta propuesta se inscribe en un diseño fiscal del Gobierno «por el
que se rebajan los impuestos directos, que son los progresivos, y
se aumentan los indirectos y más en este caso que es sobre el
consumo con carácter lineal». Añadió que el Gobierno propone esta
medida en una coyuntura favorable porque el precio del barril el
petróleo está bajando «y por tanto se va a notar menos el impacto
agregado». Ante esta avalancha de críticas el Gobierno hoy ha
matizado sus declaraciones y ha afirmado por boca de su ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, que serán las propias comunidades
autónomas quienes decidan si aplican o no el impuesto.
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