EfeMadrid04/12/01 0:00
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El fiscal en el juicio del «caso de los fondos reservados» aseguró ayer que los acusados «aprovecharon la discrecionalidad en el manejo de fondos reservados para, convirtiéndolo en arbitrariedad, adulterar su fin propio, amparados así en la total ausencia de cualquier tipo de control». Así lo indicó el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón en la sesión de ayer del juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid, en la que los abogados defensores pidieron la absolución de sus patrocinados. En su informe final el fiscal dijo que así actuaron los acusados, especialmente los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y «en un período más breve» el ex director de la Seguridad Julián Sancristóbal.

Las otras personas acusadas son el ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista Francisco Alvarez, el ex director de la Policía José María Rodríguez Colorado y el ex gobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio López. El fiscal agregó que «emplearon importantes cantidades de las partidas destinadas a gastos reservados en interés privado», el cual acabó primando sobre el público, «especialmente relevante en una materia como es el uso de unos fondos cuyo objetivo principal era y es desgraciadamente la lucha contra el terrorismo». «El límite es que los funcionarios encargados de administrar los fondos reservados no pueden enriquecerse con las partidas que tienen a su cargo», dijo.

Además, se refirió a que el pago de sobresueldos a ex altos cargos de Interior se hizo con el consentimiento de Barrionuevo y Corcuera e hizo hincapié en que «Corcuera siguió la línea de Barrionuevo» y en su etapa «se generalizaron e incrementaron hasta alcanzar límites escandalosos».

No obstante, destacó que «no está probado que Barrionuevo y Corcuera se quedaran una peseta de los fondos reservados». También se refirió a las peticiones de ampliaciones de crédito de fondos reservados y afirmó que «sin Vera y Corcuera curiosamente las necesidades de fondos reservados disminuyeron». El fiscal pide siete años de prisión para Barrionuevo y seis años y un mes para Corcuera por un delito continuado de malversación por consentir la sustracción de caudales públicos. Además, reclama para Vera y para Rodríguez Colorado ocho años de cárcel, para Sancristóbal tres años, para Alvarez once meses de prisión y para López diez meses.