La Comisión de Economía del Senado aprobó ayer una enmienda a la
ley de acompañamiento para evitar que reciban subvenciones
electorales organizaciones políticas cuyos candidatos o dirigentes
hubieran sido condenados por delitos terroristas y no hubieran
rechazado después el terrorismo. La modificación, propuesta por el
PP y pactada con el PSOE, pretende garantizar que sólo puedan
acogerse al régimen de subvenciones electorales aquellos partidos
que no participen en la violencia.
El grupo socialista incluyó una precisión que establece que la
enmienda entrará en vigor sin perjuicio de la consecuente
adaptación a estas previsiones de las leyes orgánicas de Régimen
Electoral General, de Financiación de los Partidos Políticos y del
Poder Judicial. El portavoz del PSOE en la Comisión, Segundo Bru,
explicó que el objetivo de su grupo con este matiz es ofrecer el
sustento legal necesario a «la decidida voluntad política del
Gobierno, el PP y el PSOE, compartida por la inmensa mayoría de los
ciudadanos», de evitar que el entorno de los terroristas pueda
beneficiarse de subvenciones estatales.
Además, la Comisión aprobó otra enmienda, propuesta por el grupo
socialista y Entesa Catalana de Progrés, que cambia la normativa de
indemnizaciones a las víctimas de terrorismo para que se pague el
cien por cien de los daños causados por atentados a partidos
políticos, sindicatos y organizaciones sociales.
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