Los partidos firmantes del Pacto por las Libertades y Contra el
Terrorismo, PP y PSOE, valoraron ayer los resultados del acuerdo
que ayer cumplió un año y ratificaron su vigencia, mientas que IU
se mostró crítica con sus efectos y los nacionalistas vascos creen
que ha fracasado y auguraron su disolución. El Pacto entre los dos
principales partidos, al que luego se adhirieron otras
organizaciones, se alcanzó el 8 de diciembre de 2000. En el primer
aniversario del acuerdo, el secretario general del PP, Javier
Arenas, subrayó que éste ha sido útil para la sociedad española y
en particular para la vasca y consideró que «sigue siendo
necesario».
El secretario general del PP reiteró que fue «un grave error del
PNV y de otros partidos» no sumarse al acuerdo y opinó que «todavía
el PNV y CIU estarían muy acertados si consideraran la posibilidad
de sumarse al pacto». Desde el PSOE el diputado y miembro de la
Comisión de seguimiento del Pacto, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo
que el acuerdo ha servido para cumplir dos objetivos fundamentales:
«sacar» la lucha antiterrorista del debate político y reforzar la
unidad contra ETA. Tras indicar que el pacto «ha funcionado muy
bien», valoró la puesta en marcha, a través del mismo, de la
Fundación de Víctimas del Terrorismo y se mostró convencido de que
«estamos más cerca» de alcanzar otro de sus objetivos: que ETA
pierda cualquier esperanza de alcanzar ninguno de sus fines».
Más crítica es la visión de IU, quien a través de su coordinador
general, Gaspar Llamazares, señaló que el Pacto ha aumentado la
división y confrontación entre las fuerzas políticas democráticas
en materia antiterrorista y pidió a PP y PSOE una reflexión para
retomar un modelo más plural. Para Llamazares el acuerdo arroja un
saldo «muy negativo» y «muy pobre» desde el punto de vista
democrático ya que es «excluyente». Desde los partidos
nacionalistas vascos se rechazó una vez más el acuerdo. El
presidente del PNV de Guipúzcoa, Juan María Juaristi, aseguró que
el Pacto «está condenado a un fracaso estrepitoso y a disolverse,
pues la falta de resultados concretos le va a conducir
inexorablemente a ello». El secretario general de EA, Gorka Knorr,
pidió «enterrar cuanto antes» el acuerdo ya que su objetivo fue
«electoralista y antinacionalista».
Mientras tanto, la noche del sábado volvió a estar protagonizada
en el País Vasco y Navarra por actos de violencia callejera. En la
localidad guipuzcoana de Urnieta un artefacto colocado junto a la
sede del PNV no llegó a explotar, pero sí ardió la gasolina, lo que
provocó leves daños en la entrada del local y en la puerta. En
Navarra, cuatro artefactos hicieron explosión la madrugada del
sábado en tres cajeros automáticos y en una oficina de la empresa
Mapfre de la localidad navarra de Cizur Mayor, sin que se
registraran daños personales, aunque sí materiales.
La presidenta del PP en Guipúzcoa, María San Gil, condenó ayer
estos actos de violencia y lanzó un serio mensaje al PNV. «Que
tenga en cuenta que hoy le han atacado quienes tienen pactos
implícitos y explícitos con él en numerosos ayuntamientos vascos»,
dijo. También el presidente del PNV de Guipúzcoa, Juan Mari
Juaristi, condenó el ataque contra el «batzoki» y advirtió de que
su formación «no va a ceder y claudicar ante este chantaje más que
evidente que la izquierda abertzale».
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