El juez Baltasar Garzón dejó ayer en libertad «sin restricciones» a
los directores de los diarios 'Gara' y 'Euskaldunon Egunkaria',
Mertxe Aizpurua y Martxelo Otamendi, después de tomarles
declaración como imputados y en contra del fiscal Pedro Rubira, que
pedía prisión para los dos por los delitos de colaboración con
banda armada, amenazas, justificación del terrorismo e inducción al
asesinato por publicar una entrevista a dos miembros de ETA en
junio pasado. El juez cree que la entrevista no induce a los
miembros de ETA a matar a un edil, sino que simplemente reproduce
una voluntad ya tomada por los etarras.
El juez tomó ayer declaración como imputados a los dos
directores de acuerdo con la resolución acordada por la Sección
Primera de la Sala de lo Penal que estimó el recurso presentado por
el fiscal contra la decisión de Garzón de no tomarles declaración
como imputados al considerar que no cometían delito. Desde el
primer momento, Garzón se ha negado a imputar a los dos jueces por
la entrevista, al considerar que prevalecía «el derecho a difundir
la información por encima de una interpretación amplia del concepto
de apología» del terrorismo.
Tras la publicación, el fiscal Pedro Rubira presentó una
querella contra ambos directores por los delitos de amenazas
terroristas y justificación del terrorismo, que después amplió con
el de colaboración con banda armada al imputarles el delito de
inducción al asesinato del concejal de UPN en Leiza José Javier
Múgica, al que ETA tiroteó meses después. El fiscal consideraba que
una de las preguntas de los periodistas daba un posible objetivo a
ETA al decir: «Por poner un ejemplo, si un grupo de concejales de
UPN hiciera un gesto y pidiera a su ejecutiva que traigan a Euskal
Herria a los presos de Nafarroa, ¿Eso supondría que dejarían de ser
objetivo de ETA?» Cuando más tarde, el 14 de julio, ETA asesinó al
concejal de UPN, el fiscal vió clara la relación entre la pregunta
de los periodistas y la actuación de la banda.
Sin embargo, la opinión de Garzón era distinta. El juez se negó
a imputar a los dos directores argumentando que con la entrevista
los directores de los medios no inducen a los miembros de ETA para
que maten a un concejal, sino que simplemente reproducen una
voluntad ya tomada por la organización terrorista. Pero tras la
resolución de los recursos presentados por el fiscal, la Sección
Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dio la
razón al Ministerio Público contra el criterio de Garzón y ordenó
la imputación de los dos directores.
Garzón explica en su auto que no existe causa alguna para
decretar prisión para Aizpurua y Otamendi, porque ambos tienen
domicilio fijo, trabajo y siempre han comparecido a los
requerimientos judiciales. Asimismo, dice en su escrito que antes
de la publicación de la entrevista, la organización terrorista ETA
había atentado en diversas ocasiones contra la vida y bienes de
concejales de UPN. No obstante, los dos directores se negaron a
declarar ayer, aunque sí lo hicieron cuando comparecieron como
testigos. Otamendi sólo ha querido alegar que no ha inducido al
asesinato de ninguna persona y recordó el auto del propio juez, del
pasado verano, al afirmar que «su conducta fue ejercer su derecho a
comunicar información veraz».
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