El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer, por 11
votos a 10, el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Prevención y
Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, en el que aceptan la
propuesta del Gobierno de intervención administrativa de cuentas
bancarias y fondos cuando se trate de actividades económicas
vinculadas al terrorismo.
Los 10 vocales que quedaron en minoría propusieron, sin éxito,
que el informe instará al Gobierno a ampliar el control judicial de
la intervención administrativa al momento en que se produzca, para
evitar la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad
y el de asociación. Era una sugerencia que partió de las vocales
Montserrat Comas y María Angeles García (PSOE). El Anteproyecto
señala que el bloqueo puede prolongarse durante seis meses sin
control judicial.
El Pleno apoyó el dictamen aprobado el pasado día 15 por la
Comisión de Estudios, con ponencia del vocal José Luis Requero. Los
11 vocales que votaron a favor fueron el presidente del Consejo y
los 10 vocales elegidos a propuesta del PP. El informe del CGPJ
propone una mejor diferenciación de las actividades económicas de
clara colaboración con el terrorismo, de las que supongan algún
tipo de vinculación.
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