Ambos sectores mantuvieron un duro enfrentamiento tras la reunión.
El sector minoritario denunció el 'rodillo' de los vocales
conservadores, que negaron esta situación. Los ocho vocales
elegidos a propuesta de PSOE e IU denunciaron una «crisis del
modelo constitucional» de la institución por el modo de actuar de
los vocales conservadores, a los que acusaron de «aplicar el
rodillo». El vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, encabezó
estas protestas y aseguró que no pretenden paralizar la
institución, sino «denunciar ante la opinión pública, los partidos
políticos y los integrantes del pacto por la Justicia que se nos
está impidiendo el leal y fiel cumplimiento de nuestras funciones».
Salinas aseguró que la reunión se desarrolló en un «mal clima»
que no se reduce sólo a los nombramientos de las cuatro vacantes
que faltaban por cubrir en el Supremo, aunque destacó que ninguno
de los candidatos propuestos por el sector minoritario ha obtenido
el apoyo necesario. «Las decisiones vienen tomadas y a veces las
vemos en la prensa antes de que las podamos discutir».
La protesta del sector progresista motivó un retraso de dos
horas sobre el horario previsto en la reunión del Pleno del máximo
órgano judicial. Estos ocho vocales apelaron al presidente de la
institución, Francisco José Hernando de Santiago, para que mediara
en el conflicto y restableciera el consenso. José Antonio Alonso,
vocal progresista, dijo que se prestó a mediar, pero «los frutos no
fueron los deseados por nosotros».
Adolfo Prego, elegido a propuesta del PP, rechazó la acusación
de 'rodillo'. «El origen de esta irritación, se vista como se
vista, es que el sector conservador ha llevado al Supremo a la
primera mujer», dijo, a pesar de que María Angeles García destacó
que «un día grande para la mujer no lo ha sido del todo» porque
había candidatos de su grupo «muy próximas al PP», como Silvia
Sanz, que no obtuvieron el apoyo de la mayoría. Prego dijo que el
estilo de su grupo es «llegar a acuerdos, pero el consenso no
consiste en un reparto de cartas, sino en encontrar lo común en lo
variado». Por eso, dijo que «las cosas no son, no han sido ni van a
ser como ellos las pintas». El vocal explicó que hay varios
ejemplos que demuestran las discrepancias entre ambos sectores,
entre ellos la renovación de más de 40 letrados del CGPJ, que,
según dijo, habían terminado su contrato, «y había que dejar entrar
a gente nueva».
El caso es que, pese al enfrentamiento, el Consejo eligió por
mayoría a los cuatro magistrados vacantes para el Supremo. José
Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero irán a la Sala de lo penal, y
Agustín Puente Prieto irá a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo. María Milagros Calvo Ibarlucea,
actualmente destinada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid y miembro de la Asociación Profesional de la
Magistratura, ocupará la vacante dejada por Fernando Salinas en la
Sala de lo Social. Las asociaciones de jueces discreparon sobre la
protesta de los vocales de la minoría del Consejo del Poder
Judicial que denunciaron el «rodillo» que ejercen los de la
mayoría, aunque coincidieron al aplaudir el nombramiento de la
primera mujer como magistrada del Tribunal Supremo en la
historia.
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