El nuevo IPC aplicado por el Instituto Nacional de Estadística
permitirá al Estado ahorrarse 480 millones de euros (unos 80.000
millones de pesetas) en pago de pensiones y a las empresas otros
300 millones de euros en salarios. Según las estimaciones de los
servicios de las principales entidades financieras españolas, el
IPC sin rebajas «habría subido cinco décimas por encima» del dato
aportado el vierne por el INE, que reflejó un descenso de los
precios del 0'1% en enero.
Los cálculos de la Seguridad Social señalan que cada décima de
alza en el IPC supone un coste de 96 millones de euros (16.000
millones de pesetas) a las arcas públicas. De este modo de haberse
aplicado el mismo IPC, La Seguridad Social habría tenido que
aportar, en función de las cinco décimas adicionales calculadas por
los analistas, otros 480 millones de euros al pago de pensiones. En
el caso de las empresas, la subida de gran parte de los salarios se
liga a la evolución del IPC. En este sentido, la patronal CEOE
firmó el pasado 20 de diciembre un acuerdo con UGT y CC OO en el
que instaba a sus asociados a garantizar todo el poder adquisitivo
de los trabajadores con cláusulas de revisión salarial.
Según las estimaciones de Fernando Moreno, director del
Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, cada décima de IPC
le cuesta a las empresas 60 millones de euros (10.000 millones de
pesetas) en salarios. Mientras, los datos de la inflación hechos
públicos el viernes por el Gobierno siguen suscitando todo tipo de
reacciones y críticas. El secretario de Economía del PP, Vicente
Martínez Pujalte, reconoció ayer que «es verdad que los precios han
subido ligeramente en enero», aunque lo ha hecho menos que en otros
países de la UE y por debajo de la media comunitaria, que marcó un
ascenso del 0'6%.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía,
Rodrigo Rato, aseguró por su parte que el nuevo cálculo del IPC era
«una necesidad ineludible» para que España contara con una fórmula
de medición de la evolución de precios más certera. «Era una
responsabilidad del INE contar con un sistema de medición similar
al de otros países europeos para no perder la calidad de la
información», dijo. El sindicato UGT acusó directamente el
Ejecutivo que preside Aznar de ser «uno de los agentes
inflacionistas» y optar por castigar a los consumidores en vez de
defenderlos. Para IU los datos también son «increíbles» y asegura
que la intención del Gobierno es maquillar el verdadero IPC ante la
sociedad.
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