La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia será finalmente
una proposición no de ley que estará firmada por todos los grupos
parlamentarios de cara a su tramitación en el Congreso y en el
Senado. Para que se cumplan los 41 derechos que recoge este
documento, uno de los acuerdos que contenía el pacto para la
reforma de la Justicia firmado el pasado año por PP y PSOE, tanto
el Ministerio de Justicia como el Parlamento realizarán un
seguimiento del mismo. El ministro de Justicia, Angel Acebes,
presentó ayer el documento, que contribuirá, a su juicio, a hacer
la Justicia «más ágil, eficaz y moderna para el ciudadano».
El texto, explicó, recoge aportaciones de colegios de abogados y
procuradores, sindicatos y asociaciones profesionales, con lo que
se ha logrado «el compromiso de quienes tienen algo que ver con la
Administración de Justicia». Para velar por el cumplimiento de los
derechos que se establecen en la Carta, se realizará un plan de
seguimiento del funcionamiento de los tribunales. Todos los
portavoces parlamentarios, que estuvieron en la rueda de prensa,
destacaron que el Congreso, a través de la comisión de Justicia e
Interior, también realizará un seguimiento de la Carta.
El texto con los 41 derechos está dividido en tres bloques. En
el primero de ellos, 'Una Justicia moderna y abierta', contempla el
derecho de los ciudadanos a recibir información actualizada sobre
el funcionamiento de los juzgados y tribunales. Esto incluye la
creación de oficinas de atención en todo el territorio español.
Este primer punto también incluye la información sobre el estado de
los asuntos tramitados y pendientes, el derecho a que las
sentencias se redacten en un lenguaje comprensible para sus
destinatarios o el de poder expresarse en cualquiera de las lenguas
oficiales. También se podrá exigir responsabilidades por errores
judiciales o por el funcionamiento anormal de la Administración,
incluso indemnizaciones por daños causados en bienes o
derechos.
El segundo apartado, 'Una Justicia que proteja a los más
débiles', recoge que un ciudadano que haya sido víctima de un
delito tiene derecho a que su comparecencia ante un juzgado se
produzca preservando su intimidad. Además, podrá ser informado
sobre las posibilidades de obtener reparación por el daño causado.
Los menores que tengan «suficiente juicio» tendrán derecho a ser
escuchados en un proceso en el que estén directamente implicados,
aunque se procurará evitar que los menores comparezcan de forma
reiterada ante los órganos de Justicia.
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