Miles de estudiantes se manifestaron ayer en cuarenta ciudades
españolas contra las medidas que el Gobierno tiene previsto incluir
en la Ley de Calidad de la Enseñanza, en una jornada de huelga
secundada en las aulas, según los datos del Ministerio de
Educación, por el cuarenta por ciento de los alumnos. Los
convocantes, Sindicato de Estudiantes, FAES y CANAE, elevaron hasta
el noventa por ciento el seguimiento del paro, y apostaron por una
huelga general en el sector.
La ministra de Educación, Pilar del Castillo, afirmó que las
reformas educativas son «siempre complicadas» y pueden prestarse a
«tratamientos demagógicos», y lamentó que se digan cosas «que no
tienen mucho que ver con lo que va a ocurrir», en referencia a las
acusaciones sobre la privatización de la enseñanza o el
establecimiento de una carrera de obstáculos para los estudiantes.
«Estamos hablando de reformas para reducir el fracaso escolar,
mejorar el aprendizaje y la labor docente», agregó la ministra,
quien ayer continuó con la ronda de contactos para hablar de esta
ley, cuyo documento base se presentará el lunes ante la Conferencia
Sectorial.
Las manifestaciones más numerosas se registraron en Barcelona
(9.000 según la Guardia Urbana y entre 12.000 y 20.000 según los
convocantes), Madrid (2.000 según la policía y 15.000 según los
organizadores) y Valencia (un millar). «Calidad sí, pero no así»
fue el lema que encabezó la mayoría de las protestas, que
transcurrieron sin incidentes, salvo en Barcelona y Lérida. En
Barcelona, al finalizar la marcha, un grupo reducido de jóvenes
lanzó palos, botellas de plástico, latas y otros objetos contra la
fachada del Palau de la Generalitat, lo que obligó a intervenir a
las fuerzas del orden. En Lérida un grupo de jóvenes también tuvo
un encontronazo con las fuerzas del orden.
Por otra parte, el presidente del Gobierno español, José María
Aznar, anunció ayer en Berlín que el Consejo de Ministros que
preside aprobará hoy las líneas generales de la reforma de la ley
de calidad de la enseñanza El presidente del Gobierno español
defendió la necesidad de reformas educativas en cada país y en la
UE, y enumeró las modificaciones que en ese área ha realizado su
Gabinete en los últimos años. Por otro lado, la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) concluye que la Ley
Orgánica de Universidades (LOU) vulnera la Constitución, en lo que
respecta a la autonomía universitaria. Así lo pone de manifiesto un
informe sobre la LOU que ha sido encargado por los rectores, y que
se hizo público ayer jueves.
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