La Comisión Europea cerrará su investigación sobre los controles
españoles en la frontera con Gibraltar, al no encontrar pruebas de
que éstos sean excesivos o vulneren alguna normativa europea.
Bruselas decidió abrir una investigación sobre este asunto en
octubre del año 2000, a raíz de las numerosas denuncias presentadas
contra estos controles por viajeros. «Hubo quejas de que las
autoridades españolas hacían controles exagerados de manera
abusiva, lo que de facto era una traba al Convenio Schengen»,
explicó el portavoz europeo de Justicia e Interior, Leonello
Gabrici, aunque la Comisión ha llegado a la conclusión de que,
desde el punto de vista legal, no hay pruebas que permitan dar la
razón a los denunciantes.
Gabrici reconoció que España ha admitido que los atascos que se
producen en las horas punta son «lamentables» por culpa de los
controles de los viajeros y las mercancías en el paso fronterizo de
La Línea, pero aseguró que la investigación revela que «no hay
vulneración a la libre circulación como se establecía en las
quejas».
La Comisión emitió un comunicado en el que explicó que, «a la
vista de la información facilitada y de los datos obtenidos por los
servicios de información de la Comisión, cabe concluir que no está
infringiendo el Derecho comunitario». Los retrasos en determinadas
horas no es para la UE «motivo legal suficiente para acusar a las
autoridades españolas de efectuar controles desproporcionados».
El 30 de octubre de 2000 la CE remitió al Gobierno español una
carta de requerimiento en el que alertaba a las autoridades
españoles de que los controles podrían ser «desproporcionados y,
por consiguiente, incompatibles con el Derecho comunitario». Eso
sí, la Comisión no puso en duda el derecho de controlar a los
viajeros y mercancías, establecido en Schengen.
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