El Partido Popular y el PSOE defendieron ayer el anteproyecto de la
nueva ley de partidos políticos remitido por el Gobierno al Consejo
de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, frente a las
críticas de IU, PNV y EA, que consideraron contraproducente una
posible ilegalización de Batasuna. El ministro de Justicia, Angel
Acebes, presentó al Consejo de Ministros el contenido de este
anteproyecto y, en la conferencia de prensa posterior, afirmó que,
a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, el Gobierno
asumirá la responsabilidad que le otorga para iniciar el
procedimiento de ilegalización del partido que la vulnere.
El secretario general del PP, Javier Arenas, aseguró al respecto
que con la modificación de la Ley de Partidos se va a poder acabar
con la «ficción» que supone «que partidos no democráticos puedan
llamarse democráticos» cuando son organizaciones «al servicio de
los violentos y del terrorismo».
En nombre del PSOE, el secretario de Libertades Públicas y
Desarrollo Autonómico, Juan Fernando López Aguilar, defendió la
nueva norma porque, «cuando un partido no es un instrumento al
servicio de la democracia sino un enemigo declarado, el Estado de
Derecho tiene derecho a reaccionar».
Frente al respaldo del PSOE a este proyecto, el coordinador
general del IU, Gaspar Llamazares, consideró «inútil y
contraproducente» situar a una organización política en la
clandestinidad y juzgó grave que el PP y el PSOE hayan pactado
unilateralmente una cuestión que afecta a un pilar de la democracia
como es la organización de los partidos políticos.
En el País Vasco, el líder del PNV, Xabier Arzalluz, argumentó
que se puede perseguir legalmente la colaboración con los
terroristas, pero no se puede ilegalizar a un partido por no
condenar la violencia, una iniciativa que él también calificó de
«contraproducente», y añadió: «supongo que llegaremos a los estados
de excepción».
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