La Comisión de Seguridad de la que forman parte los partidos y el
Departamento de Interior vasco llegaron ayer a un «importante
avance» sobre las reformas legales a adoptar para mejorar los
niveles de seguridad de los ediles vascos. En la cuarta reunión,
celebrada ayer en Arkaute, PNV, PP, PSE, IU y EA e Interior
lograron consolidar estos avances, que intentarán cerrar
definitivamente el próximo 18 de abril. Se mantienen las
discrepancias sobre la ilegalización de Batasuna, asunto que el PP
ha anunciado que llevará a debate al Parlamento Vasco. Según los
participantes en el encuentro, se ha pactado la posibilidad de
crear gestoras municipales si hay renuncias de ediles.
Así, se reclamará a las Cortes que procedan a la reforma de la
Ley Electoral de Régimen Electoral General, con el objetivo de que
se rebaje el número de bajas de ediles necesarias en los
ayuntamientos para constituir gestoras. Actualmente, la ley
determina que podrán constituirse cuando sólo queden en los
consistorios los dos tercios de los concejales elegidos. Otra
reforma acordada es sobre los registros públicos (de la propiedad,
mercantil...), de manera que se salvaguarde la confidencialidad de
los datos personales de los cargos públicos, así como de sus bienes
y patrimonio, para que estas informaciones no puedan ser utilizadas
con fines delictivos por los violentos.
También existe acuerdo en torno a la modificación de la Ley
Electoral Vasca, para que se permita que los apoderados e
interventores en los comicios puedan estar censados en otras
comunidades autónomas distintas a la vasca. Otro de los avances se
refiere a las reformas para facilitar a los cargos públicos que
puedan ejercer su derecho a voto sin estar físicamente en los
plenos municipales, por ejemplo a través del voto ponderado, aunque
el PP no comparte este punto en su totalidad. Continúan las
discrepancias entre los partidos en otros asuntos, como la
propuesta de PSE y PP de inelegibilidad de las personas encausadas
por hechos terroristas o de violencia callejera, que en opinión de
los nacionalistas sería inconstitucional.
También han existido diferencias de cara a una posible
modificación del Código Penal para tipificar de manera concreta las
amenazas y las coacciones a los concejales. Desde los
participantes, el representante del PP Carlos Urquijo, reconoció
que se han llegado a acuerdos «importantes», aunque con «algunas
discrepancias de cierta entidad», que «no serán un obstáculo para
encabezar un acuerdo definitivo».
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