La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) aprobó ayer por tres votos a dos el informe que estudiará el
Pleno el próximo lunes, que considera positivamente la Ley de
Partidos, junto a un segundo texto redactado por los vocales
minoritarios en el que exponen sus discrepancias. El informe
aprobado, cuyo ponente es Adolfo Prego "del sector mayoritario"
considera que la ley es «esencial para la Democracia», comparte el
contenido del anteproyecto del Gobierno y sólo propone algunas
mejoras técnicas. El texto del Gobierno establece que «será
declarado ilegal el partido que vulnere los derechos fundamentales
o propicie el odio y la violencia».
El informe respaldado por la mayoría avala que el procedimiento
lo puedan instar el Gobierno, el Ministerio Fiscal, 50 diputados o
50 senadores y que la disolución de un partido conlleve la apertura
de un proceso de disolución patrimonial e impida el cambio de
denominación, de tal forma que una organización ilegalizada no
podrá acudir a una convocatoria electoral bajo nuevas siglas. Por
su parte, los vocales que representan a la minoría expondrán en
otro texto que sea sólo el Ministerio fiscal el que esté legitimado
para instar la disolución de un partido político y que la sala de
lo Civil del Supremo tenga la competencia para resolverlo, y no la
Sala Especial del Alto Tribunal como propone el Gobierno.
Antes, el portavoz socialista Jesús Caldera, había descartado
una fractura entre los vocales del CGPJ propuestos por el PP y los
avalados por el PSOE y subrayó que hay acuerdo sobre «los
principios y objetivos» de la reforma. El secretario de
Organización del PSOE, José Blanco, advirtió que la ilegalización
de Batasuna será «positiva» si responde a los objetivos que se han
fijado los demócratas de «aislar política y socialmente a ETA y a
sus cómplices». No obstante, advirtió que será «negativa» si «se
convierte en un arma arrojadiza que unos partidos utilizan contra
otros, especialmente en periodos electorales».
Sobre este asunto, el presidente del Gobierno, José María Aznar,
insistió en que su firma será la primera que encabece el escrito en
el que se inste a la ilegalización de Batasuna, y mostró el deseo
de que «todos asuman la responsabilidad que tienen porque hablamos
de defender la democracia». Javier Arenas reiteró que el PP
cumplirá el consenso alcanzado con los socialistas respecto a esta
reforma legislativa y agregó que el PSOE será quien tenga que
resolver sus «contradicciones» y decidir si se «retira del
acuerdo». El alcalde de San Sebastián, el socialista Odón Elorza,
indicó que no le gustaría la ilegalización de Batasuna. «Hay que
evitar "dijo" que una fuerza política utilice la democracia para
justificar acciones de violencia», y añadió que para ello «está el
Código Penal con instrumentos suficientes».
El PNV recurrirá a los tribunales europeos si se
ilegaliza Batasuna
El PNV considera que el proyecto de reforma de la Ley de Partidos
propuesto por el Gobierno es peligroso para la democracia. El
presidente de los nacionalistas, Xabier Arzalluz, advirtió ayer que
de llegarse a consumar la ilegalización de Batasuna su partido
recurriría a los tribunales europeos además de presentar una
enmienda a la totalidad de la Ley en el Congreso. El líder de los
nacionalistas está de acuerdo con el presidente del Gobierno sobre
que «la democracia tiene derecho a defenderse de quienes quieren
acabar con ella», pero cree que la medida propuesta por el PP llega
«hasta el punto de destruir la propia democracia». Así, señaló que
hay otros partidos considerados más radicales que el PNV, «como BNG
o ERC o partidos que hay legalmente constituidos en Valencia o en
sitios diferentes, que, por sus formulaciones o comportamientos, si
molestan, pueden crear alarma social» y ser ilegalizados. «Eso es
lo grave», aseguró.
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