El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales considera adecuada
cualquier colocación en la que exista un «alojamiento apropiado» y,
en todo caso, cualquier oferta de empleo que se encuentre en un
radio inferior a 50 kilómetros de la localidad de residencia o no
supere las tres horas de desplazamiento en total, y no suponga un
gasto superior al 20% del salario neto mensual. En los
desplazamientos temporales, que no impliquen cambio de domicilio,
se garantizarán ayudas. Así consta en el documento de propuestas
que el secretario general de Empleo, Juan Chozas, entregó ayer a
empresarios y sindicatos en el marco de la reforma de la protección
por desempleo.
Propuestas que recibieron el rechazo frontal de los sindicatos y
ante la que la CEOE manifestó cierta cautela, adviertiendo, eso sí,
que si en esta reforma no se aborda las fuentes de financiación del
sistema de desempleo «quedará coja». Según figura en el texto del
Gobierno, también se entenderá por empleo adecuado el
correspondiente a la profesión habitual del trabajador,
considerándose habituales todas las profesiones ejercidas de seis
meses a un año, las coincidentes con la actividad laboral realizada
y «cualquier otra profesión que se ajuste a las aptitudes físicas y
formativas del trabajador». Ahora bien, Trabajo precisa que
transcurrido «un periodo de tiempo» "no especificado en el
documento" desde que el parado comienza a percibir la prestación,
también tendrá la consideración de empleo adecuado cualquier
colocación que a juicio del Inem pueda ser ejercida por el
trabajador.
El salario que percibirán los trabajadores si aceptan el empleo
ofrecido por el Inem será el equivalente al salario de convenio del
sector, con independencia de la cuantía de las prestaciones a que
se tenga derecho. En caso de que el trabajador no acepte la oferta
de empleo que se le hace, estará sometido a una serie de sanciones.
Así, ante un primer rechazo perderá tres meses de prestación, seis
meses si lo rechaza por segunda vez, y toda la prestación si dice
«no» en una tercera ocasión. El secretario general de Empleo, Juan
Chozas, explicó, al término de su encuentro con los responsables
sindicales, que esta redefinición de «empleo adecuado» no debe
verse de forma «rígida» y como un «ansia de control o persecución»
por parte del Gobierno, sino como una manera de incentivar al
desempleado para que busque y acepte un puesto de trabajo cuanto
antes.
En el documento también se contempla la reforma del subsidio
agrario y la desaparición progresiva del antiguo Plan de Empleo
Rural (PER), vigente ahora sólo en las comunidades de Andalucía y
Extremadura, estableciendo un sistema contributivo «progresivo»
para los trabajadores eventuales agrarios de toda España, en
similares condiciones a las fijadas en el Régimen General.
Precisamente, la reforma del PER, la eliminación de los salarios de
tramitación o la consideración de la indemnización por despido como
renta son los aspectos más negativos que contiene la reforma
diseñada el Gobierno para las organizaciones empresariales.
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