TW
0

España será en 2002 uno de los países cuya economía crecerá por encima de la media de la UE, con un 2'1 por ciento de aumento de su Producto Interior Bruto (PIB), según previsiones que ayer publicó la Comisión Europea. La economía española crece así más del 1'4% previsto por Bruselas para los doce países de la eurozona y del 1'5% de crecimiento estimado para el conjunto de la Unión por el Ejecutivo comunitario. La inflación prevista (3%) estará este año nueve décimas por encima del 2'1% anunciado para la eurozona y el desempleo se situará a niveles cercanos al de 2001 "con un 12'8%" pero la Comisión espera que el índice de paro se reduzca en 2003 al 12%.

Se espera que en la segunda mitad de 2002 se confirme la recuperación de la economía española, después de la «desaceleración significativa» del crecimiento del PIB el año pasado, lo que hará posible alcanzar en 2003 un aumento superior al 3 por ciento, según Bruselas. Durante lo que queda de 2002 se confirmará, estima la Comisión Europea, una desaceleración económica con respecto a niveles precedentes, aunque en el segundo semestre se prevé «una recuperación en todos los componentes de la demanda, excepto el gasto en consumo del Gobierno».

Ese menor ritmo de crecimiento económico tuvo su impacto en la creación de empleo en España, que se reducirá según Bruselas hasta el 1 por ciento en 2002, para recuperarse el año que viene, con un índice del 2'2 por ciento. El aumento del índice de desempleo previsto este año será «limitado y de poca duración», afirma el Ejecutivo comunitario, que augura un descenso en 2003 hasta el 12 por ciento. En sus Orientaciones Generales sobre Política Económica para 2002, la CE emite una serie de recomendaciones e identifica algunos «problemas sin resolver», entre los que destaca «la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas».

La CE alertó sobre la necesidad de que España afronte «una completa reforma del sistema de pensiones» que garantice «la sostenibilidad a largo plazo» de sus finanzas públicas ante el problema del envejecimiento, instó al Gobierno a avanzar en la flexibilización del mercado laboral y reclamó un aumento de la competencia en sectores energético y de telecomunicaciones. España es el país de la UE con la menor tasa de trabajadores de mayor edad en su mercado laboral, problema que instó a solucionar para garantizar la viabilidad del sistema de protección social.