EfeMadrid15/05/02 0:00
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El PP y el PSOE cerraron ayer un acuerdo sobre las enmiendas que en el Congreso mejorarán el proyecto de ley de partidos, que no tendrá efectos retroactivos y legitimará parcialmente a las Cortes para pedir la ilegalización de un partido, salvando así las reticencias socialistas y de CiU al texto inicial. El acuerdo se alcanzó tras intensas negociaciones entre los dos partidos mayoritarios, bajo los auspicios del ministro de Justicia, Àngel Acebes, cuenta con el respaldo de CiU, cuyas enmiendas se ven reflejadas en el mismo y pretende ser ampliado a otras fuerzas políticas durante el trámite parlamentario.

Tanto el secretario general del PP, Javier Arenas, quien subrayó el mantenimiento de los principios fundamentales del texto, como el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, expresaron su satisfacción por este entendimiento, que consideraron que refuerza a la democracia frente a los violentos. Finalmente presentaron enmiendas por separado, aunque la mayoría de ellas con el mismo texto, si bien los socialistas mantienen seis enmiendas propias, entre ellas la que pide que sea la Sala de lo Civil del Supremo la competente para ilegalizar un partido, cuestión que no convence al PP, que prefiere una sala especial.

Las negociaciones se intensificaron ayer después de que la Mesa del Congreso rechazase la pretensión del PSOE de ampliar el plazo de enmiendas, de manera que los encargados de las negociaciones tuvieron que trabajar contra reloj para poder tener listo el acuerdo. Mientras el PP y el PSOE se afanaban en esta tarea, el resto de grupos fueron presentando sus respectivas propuestas de modificación, un total de 200 enmiendas parciales, además de las de totalidad firmadas por IU, PNV, EA, BNG, ERC, IC-V y CHA, que han pedido su devolución.

Las principales modificaciones que experimentará el texto gubernamental gracias al acuerdo PP-PSOE son la legitimación parcial del Parlamento para la ilegalización de un partido. Así, la mayoría simple del Congreso o del Senado podrá pedir al Gobierno, con carácter vinculante, que inicie este proceso, pero sólo el Ejecutivo o el Fiscal General podrán actuar directamente. También se restringen las razones por las que un partido podrá ser ilegalizado y se descarta la aplicación retroactiva de la norma.

Un partido podrá ser ilegalizado «cuando su actividad vulnere los principios democráticos o cuando la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático» mediante una serie de conductas «realizadas de forma reiterada y grave», señala el artículo consensuado. Javier Arenas aseguró que las enmiendas pactadas mejoran el texto al tiempo que se mantienen «íntegramente» los «principios esenciales» que defendía el Gobierno, y reafirmó que el acuerdo con el PSOE es «una mala noticia para ETA y Batasuna». Por su parte, Jesús Caldera subrayó que la ley va a permitir ilegalizar «conductas y no ideas», y dijo que las enmiendas mejoran el proyecto y respetan las garantías exigidas por el PSOE. Ambos resaltaron la coincidencia de sus planteamientos con CiU.