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El Debate sobre el estado de la Nación será muy caliente. El Gobierno centrará la gran cita parlamentaria del año en asuntos como la rebaja de impuestos o el diálogo social. Además de los conflictos abiertos por la huelga general, el Ejecutivo llevará al Debate la política antiterrorista. Tanto PSOE como IU han criticado la intención del Gobierno de centrar el debate en la lucha contra ETA, ya que consideran que así tratan de esconder los problemas reales de los españoles.

El Gobierno ha elaborado una comunicación de siete folios en la que da cuenta de los asuntos que abordará José María Aznar en el Debate sobre el estado de la Nación. En la misma, el Ejecutivo destaca las «amplias transformaciones sociales y políticas» que evidencian «la nítida vocación reformista» de su política. Según el texto, Aznar se centrará en la Ley de Partidos Políticos, en la segunda rebaja del impuesto sobre la renta y el diálogo social, que debe ser «compatible» con los compromisos políticos del PP.

Es en la lucha antiterrorista donde ya se ha levantado el enfrentamiento con PSOE e IU, a una semana de la gran cita. Los socialistas creen que el Gobierno trata de «distraer la atención de la gente» con la política contra ETA y su entorno y con la posible ilegalización de Batasuna. El secretario de Organización, José Blanco, aseguró que «el PP va a hacer intentos de distraer la atención para que sólo se hable de un problema importante, que es el terrorismo, pero no es el único problema».

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se mostró aún más crítico, y advirtió al Gobierno que «monopolizar» un tema de Estado como es la lucha antiterrorista es «ilegítimo». «No vamos a caer en esa trampa, es un debate trampa y un tongo», explicó.

El Gobierno también llevará a la cita parlamentaria sus objetivos sociales. Así, la comunicación señala que el objetivo sigue siendo conseguir el pleno empleo al final de esta década, para lo cual se cuenta ya con un una reducción de la tasa de desempleo de «manera significativa». En este punto, el Ejecutivo asegura que desea mantener abierto el diálogo con los sindicatos, siempre y cuando «sea compatible» con los «compromisos políticos» del PP y «con la confianza que en él ha depositado el electorado».