El presidente del Gobierno, José María Aznar, apostó ayer por
continuar con una política de reformas que incluirá un plan de
lucha contra la delincuencia, reiteró su ofrecimiento de diálogo
social y advirtió al nacionalismo vasco de que ha emprendido un
«camino sin salida». Aznar realizó estas consideraciones en su
intervención inicial de casi una hora de duración en el Debate
sobre el Estado de la Nación, en la que se refirió a la formación
de un Gobierno renovado «que quiere llegar más lejos en los grandes
retos de los españoles».
Esos retos los fijó en combatir el terrorismo, asegurar el
ejercicio de las libertades, fortalecer la vertebración nacional,
seguir creando empleo, modernizar el país, incrementar el bienestar
y reforzar el papel de España en el mundo. Son los siete ejes de la
acción del Gobierno en los próximos meses y que servirán de base
para una serie de reformas anunciadas como la de la ley de
extranjería, la de calidad sanitaria, la que permita «superar el
monopolio público en el ferrocarril abriéndolo a la competencia», y
un plan de ahorro y eficiencia energética.
Aznar situó al terrorismo como el principal problema que deben
afrontar los españoles y advirtió a sus responsables y cómplices de
que están «condenados al fracaso» y sólo les espera la acción de la
Justicia dentro y fuera de España. Tras destacar el avance que
supone en ese objetivo la reforma de la ley de partidos políticos,
abogó por reforzar el compromiso político contra el terror y se
refirió al acuerdo sobre autogobierno aprobado en el Parlamento
vasco por el PNV, EA e IU gracias a la abstención de Batasuna.
Para Aznar, se trata de «una iniciativa grave, profundamente
equivocada, que pone en evidencia una vez más la coincidencia de
todo el nacionalismo vasco en los fines más radicales» y que supone
«un camino sin salida». El presidente del Gobierno renovó su apoyo
a las medidas tendentes a modernizar la Justicia, que cree que ya
están dando resultados y, aunque rechazó el «alarmismo» en materia
de inseguridad ciudadana, anunció un plan de lucha contra la
delincuencia que confía que pueda contar con un amplio acuerdo
parlamentario.
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