PP, PSOE e Izquierda Unida coincidieron ayer en mostrar su
satisfacción por el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre el «caso
Banesto», ya que da tranquilidad a los ciudadanos y garantías de
que este tipo de delitos no escapa a la acción de la Justicia.
Partidos políticos y la Asociación de Usuarios de Banca se
refirieron a la decisión del TS de aumentar de diez a veinte años
de cárcel la pena impuesta por el «caso Banesto» por la Audiencia
Nacional al ex presidente de la entidad Mario Conde y de mantener
la de trece años y ocho meses para el ex vicepresidente Arturo
Romaní. Por contra, la presidenta del Reagrupamiento de los
Accionistas de Banesto, María Victoria de la Muela, la tachó de
«decepcionante».
Desde el grupo popular en el Congreso, su secretario general,
Gabriel Cisneros, consideró que la sentencia del TS es positiva
para calmar el ambiente de preocupación de la sociedad occidental
por los últimos escándalos financieros. Cisneros afirmó que el
modelo de sociedad libre y de economía no implica que la sociedad
esté «desregulada», sino que se cumplen «escrupulosamente» las
«pocas, pero claras» reglas que han de regir el funcionamiento de
las empresas».
Asimismo, dijo que el tiempo transcurrido desde que se conoció
este caso en 1993 permite dar una opinión sobre el fallo del
Tribunal «desprovista de cualquier implicación política», puesto
que «si en algún momento las tuvo, hoy no las tiene». Cisneros
señaló que la sentencia tiene lugar «en el contexto de una
preocupación general que existe en todo el mundo occidental y
desarrollado» sobre las «prácticas fraudulentas» en las que
incurren los gestores de entidades financieras. El diputado popular
hacía referencia a los escándalos destapados en Estados Unidos por
falsear la contabilidad de las empresas, como los protagonizados
por las empresas Enron y WorldCom.
El PSOE también se pronunció sobre este asunto y su portavoz en
el Congreso, Jesús Caldera, expresó su satisfacción por el fallo.
Caldera precisó que la sentencia notificada ayer «da garantías» a
los ciudadanos de que los delitos de «cuello blanco» se juzgan con
severidad y que, al final, «se ha hecho justicia». El coordinador
de IU, Gaspar Llamazares, habló en parecidos términos sobre la
decisión del Supremo. Tras mostrar su satisfacción por la misma,
enmarcó la decisión en la lucha contra la «delincuencia de cuello
blanco» y señaló que ésta «demuestra que todos somos iguales ante
la ley, también los poderosos», una circunstancia que deseó que sea
«más frecuente». Por su parte, el presidente de la Asociación de
Usuarios de Banca (AUSBANC), Luis Pineda, calificó la sentencia de
«justa y leal» y aseguró que ofrece «una conclusión feliz: quien la
hace la paga».
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