El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respaldó ayer a la
ministra de Educación, Pilar del Castillo, asegurando que, en
contra de lo afirmado por el PSOE, la Ley de Calidad de la
Enseñanza «no lleva una memoria económica» en base a que «lo que
existe es lo que el Gobierno aprueba». Los socialistas no se
mostraron convencidos con esta respuesta y han pedido al Congreso
que paralice el trámite parlamentario del texto hasta que se le
remita dicha memoria económica, advirtiendo de que si el Gobierno
no lo envía, recurrirá al Tribunal Constitucional.
Por otra parte, el secretario general del PP, Javier Arenas,
declaró ayer que echa en falta las aletrenativa del PSOE al
proyecto de Ley de Calidad en la Educación aprobado por el
Gobierno, y aseguró que se han cerciorado de que legalmente no
existe obligación de acompañar dicho proyecto de una memoria
económica. El ministro de Hacienda respondió ayer a la acusación
del PSOE de que el Gobierno está ocultando la memoria económica de
la Ley de Calidad porque favorece a los centros privados y
concertados. Montoro aseguró que dicha memoria no existe y acusó a
los socialistas de desconocer los procedimientos del Gobierno ya
que, según aseguró, «lo que existe es lo que aprueba el
Gobierno».
Cristóbal Montoro explicó que «puede haber cualquier intercambio
de documentos y papeles entre los diferentes departamentos
ministeriales, pero lo que hay es lo que aprueba el Ejecutivo. Y lo
que resultó fue que la ley salió sin memoria y hay bastante
proyectos que no la llevan». Mientras, los socialistas intentan
frenar el trámite parlamentario de la Ley hasta que ase aclare el
tema de su financiación. El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús
Caldera, anunció que su partido ha presentado un escrito en la Mesa
del Congreso en el que pide a la presidenta, Luisa Fernanda Rudi,
que paralice la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de
Calidad de la Enseñanza hasta que el Gobierno no remita a la Cámara
su memoria económica que, según dijo, es una obligación legal que
el Ejecutivo ha «ocultado deliberadamente».
Caldera alegó que en la Constitución, el Reglamento de la Cámara
Baja y la Ley de Gobierno de 1977 señalan que cualquier proyecto de
ley que el Ejecutivo presente en el Parlamento debe acompañarse de
una memoria económica donde se incluyan los costes económicos
necesarios para la aplicación de la medida. En declaraciones en
rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo
Nacional del PP, presidido por Aznar y último del curso político,
Arenas dijo que le hubiera gustado que Caldera anunciara hoy en el
Congreso su proyecto alternativo de calidad de la enseñanza, «y
discutir ambas, la del PP y la del PSOE. Y no la presenta porque
carece de ella», sentenció.
Asimismo, en respuesta a las críticas por parte de los
socialistas aseguró que no existe ningún tipo de obligación legal,
en el marco del Congreso, de presentar memoria económica. «Es lo
que pensábamos pero nos hemos cercionado de ello», precisó. Para el
secretario general del PP, Caldera plantea la obstrucción a la
reforma y el PSOE se sigue oponiendo, sistemáticamente, a reformas
como la de educación. Además, Arenas afirmó que en materia de
financiación de la enseñanza, el incremento que ha tenido desde que
gobierna el PP ha sido muy importante, y muy por encima del
incremento de otras etapas.
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