El Pleno del Congreso aprobó ayer, reunido en sesión
extraordinaria, una propuesta de resolución promovida por PP y PSOE
por la que se insta al Gobierno a presentar una demanda ante la
Sala Especial del Tribunal Supremo para reclamar la ilegalización
de Batasuna y sus dos últimas marcas electorales (Herri Batasuna y
Euskal Herritarrok). Tras casi dos horas y media de debate, la
votación de la propuesta registró un respaldo de 295 diputados de
PP, PSOE, CC y PA.
En el debate, en el que votaron en contra los 10 diputados
previstos (PNV, EA, ERC e IC-V) y optaron por la abstención 29
diputados de los grupos parlamentarios de CiU, IU, BNG y CHA, más
dos que se confundieron, el portavoz popular, Luis De Grandes,
señaló que «no se puede repudiar las acciones de ETA y, a la vez,
autoemplazarse a modo de defensor del vínculo de la inacción frente
a Batasuna». De Grandes dijo ver al PNV «anclado en el autismo
político» y denunció que sus argumentos en contra de la Ley de
Partidos son «un relato inaceptable orientado a tapar la miseria de
Batasuna quizá con la intención de disfrazar en ello sus propias
contradicciones y servidumbres».
«No es respetable mirar hacia otra parte para no ver lo que
Batasuna es "aseveró". No es respetable acusar de electoralismo a
quienes estamos defendiendo la vida y la libertad mientras que el
PNV mira hacia Batasuna supeditando su posición al sólo cálculo de
los votos a ganar». En esta línea, el popular proclamó que Batasuna
es «la máscara» de ETA y «una deformidad» en el sistema político,
por lo que el Parlamento debe asumir la «responsabilidad histórica»
de excluirla de la vida legalidad. Así, consideró «obvio» dar
respuesta a los batasunos que son, a su juicio, «voceros
repetitivos de la dialéctica etarra», por lo que defendió la
propuesta de ilegalización y el hecho de que sea el Parlamento
quien la promueva. De Grandes insistió en que no cabe la
indiferencia ni «esperar con los brazos cruzados», y en velada
alusión a CiU, recalcó que el temor a la implicación del Parlamento
en este proceso de ilegalización sólo puede «invocarse como
excusa».
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera,
aseguró que quienes se oponen a la iniciativa de ilegalización lo
hacen «siguiendo criterios de oportunidad», pero dijo preferir
dialogar con ellos en lugar de coincidir en la confrontación. Tras
recordar que la ley de partidos de 1978 ya preveía la posibilidad
de disolver un partido por la autoridad judicial, subrayó que sólo
«hay un derecho que no tiene limites: el derecho a la vida». Así,
señaló que Batasuna «no puede ser legal» si niega el derecho a la
vida». Caldera subrayó que no tiene dudas en que todos los grupos
políticos con representación parlamentaria condenan el terrorismo y
señaló que «en el futuro el PSOE prefiere aproximar posturas antes
que reforzar la confrontación». El ministro del Interior, Angel
Acebes, calificó de histórica la sesión y destacó que «la
democracia se refuerza y el Parlamento planta cara al terrorismo en
todo su entramado y al partido político que le apoya y le
respalda».
Ministros despistados y reaparición de
González
El pleno extraordinario que celebró el Congreso en una época muy
inusual para la actividad de la Cámara dio lugar a pintorescas
anécdotas por la inexperiencia de los nuevos ministros, las
carreras de algunos diputados rezagados, que casi se pierden la
votación y la reaparición de Felipe González. El ministro de
Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, y el nuevo diputado del PP por
Toledo que el pasado mes de julio sustituyó a la ex ministra Isabel
Tocino, Juan Antonio Muñoz Gallego, fueron los que protagonizaron
la anécdota al equivocarse en la votación y decantarse por la
asbtención en lugar del voto afirmativo del Grupo Popular. Esta
equivocación hizo que el número de abstenciones previstas, las 27
que suman los diputados de CiU, IU, BNG y CHA, se incrementara a
29, causando cierta extrañeza en los pasillos.
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