Michavila y Rajoy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

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En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Justicia, José María Michavila, informó del contenido de la demanda que presentará el Gobierno de forma paralela a la que ese mismo día interpondrá la Fiscalía del Estado. Antes, el ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, aseguró que «el terror no puede ser en ningún caso legal» y que con la ilegalización de Batasuna «no se gana la guerra contra el terror pero se gana una importante batalla que es terminar con la impunidad de sus cómplices y sus colaboradores».

Rajoy afirmó que todas las instituciones están trabajando «sin complejos» en la misma dirección para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y señaló que el Gobierno no sólo tiene el derecho, sino la obligación de actuar contra ETA y todo su «aparato de apoyo». El ministro manifestó que la lucha contra la banda terrorista implica también a quienes les apoyan, les dan respaldo y se convierten en «elemento indispensable» para cometer atentados. Para Rajoy, la ilegalización de Batasuna no va a suponer el final de ETA, pero sí se va a ganar una «batalla» contra sus cómplices, y opinó que quien va a perder con esta iniciativa son sólo los terroristas y quienes les amparan, por lo que no cabe «ningún victimismo político».

«La Ley es nítida y clara y no persigue ninguna idea. Lo que busca es que todos puedan expresar libremente sus ideas sin miedo a las amenazas y al terror, y hay muchos españoles que no se pueden expresar libremente porque unos grupos a los que ahora se pretende ilegalizar lo impiden», aseveró el vicepresidente primero. Lamentó la falta de apoyo de «algunos» a la decisión del Congreso de los Diputados de instar a la ilegalización de la coalición abertzale cuando han tenido «una ocasión histórica» para hacerlo de forma «contundente» e «inequívoca».

A continuación, Michavila explicó los ejes de la demanda que se presentará el martes ante la Sala Especial del Tribunal para demostrar «lo que es una evidencia para la sociedad y es que Batasuna es la proyección del terrorismo en la política». A juicio del ministro, la demanda se presenta «con todas las garantías» para su éxito e irá acompañada de un «minucioso» dossier con cerca de mil elementos de prueba de la relación entre la coalición abertzale y los terroristas. Estos elementos serán actas notariales, notificaciones oficiales, informes de las fuerzas de seguridad y las instituciones, certificaciones judiciales, cintas con páginas web o fotos digitales que contendrán imágenes de presos en balcones del partido y amenazas y condenas por terrorismo de sus miembros, entre otros documentos.

«Todo este dossier probatorio más un conjunto de hechos permite formalizar la demanda que se presentará ante el Tribunal Supremo el martes», sostuvo Michavila. Uno de los fundamentos de la demanda, indicó, se centrará en la demostración de que HB-EH-Batasuna constituye un único entramado con «plena identidad» que tan sólo ha modificado el nombre y que desde su fundación es la «prolongación del terrorismo en política». Este supuesto, según el ministro, se acredita con múltiples pruebas como la utilización de los beneficios de un partido como Batasuna "listas electorales o subvenciones" para ponerlos al servicio de ETA.

La coalición presenta un recurso de reforma al auto de Garzón
La representación legal que ha tenido Batasuna hasta su suspensión por parte de Garzón ha presentado un recurso de reforma al auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional el lunes, informó ayer la parlamentaria vasca y abogada, Jone Goirizelaia. Goirizelaia compareció ante los medios de comunicación en la sede del Parlamento vasco para dar a conocer las iniciativas que van a presentar en la Cámara de Vitoria para, básicamente, conocer si el Ejecutivo vasco «va a seguir siendo el colaborador necesario de la estrategia del Gobierno de Madrid».