El Ministerio del Interior estudia la aprobación de un nuevo Plan
de Seguridad Ciudadana que permitiría la expulsión del país de los
inmigrantes ilegales que hayan cometido faltas o delitos leves.
La medida, que obligaría a modificar varias leyes, podría
llevarse a cabo mediante la celebración de juicios rápidos, que en
ningún caso se demorarían más de tres días. Hasta el momento, los
jueces tienen potestad para determinar si procede o no la
expulsión, pero con la nueva norma se verían obligados a
decretarla.
El Gobierno busca con esta iniciativa, por una parte, aliviar la
saturación de las cárceles españolas con reclusos que permanecen en
ellas a la espera de juicio, y, por otra, convencer a los
inmigrantes sin regularizar de que la reincidencia en la comisión
de faltas o delitos puede suponer su inmediata expulsión de
España.
En otro orden de cosas, el PSOE interpelará al ministro del
Interior, Àngel Acebes, sobre las cifras de expulsiones de
inmigrantes porque considera que «son confusas». En una nota de
prensa, la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE,
Consuelo Rumí, ha criticado «la maniobra de distracción» a la que
recurre Interior cada vez que un problema le desborda, como ahora,
afirmó, le ha vuelto a pasar con los dispositivos de acogida de
inmigrantes irregulares en Canarias.
A su juicio, el Gobierno proporciona cifras sobre expulsiones de
irregulares para «tratar de distraer la atención informativa sobre
el fondo del problema».
En esta nota, Rumí recalca que el PSOE es partidario de una
política efectiva de devoluciones y denuncia la confusión en las
cifras de expulsados proporcionadas por el Ministerio, por lo que
anuncia que interpelará para que explique cuáles son las
reales.
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