Vista general de las instalaciones de la empresa Olabe Distribution en Hendaya.

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EFE-BAYONA La primera operación en 16 años contra una empresa del País Vasco francés sospechosa de estar implicada en la financiación de ETA permitió ayer la confiscación de abundante documentación, al tiempo que se producían varias detenciones y se llegaba anoche a una total confusión sobre los detenidos y las personas puestas en libertad. La brigada financiera de la policía francesa registró durante todo el día de ayer los locales de la empresa Olabe Distribution, en Hendaya, oficialmente dedicada a la importación y comercialización en Francia de productos alimentarios españoles y peruanos, y ha confiscado una abundante documentación.

También fueron registrados los domicilios de varios de los arrestados, indicaron las fuentes, sin poder precisar si se hallaron elementos interesantes. Tres de los seis detenidos inicialmente, incluido Fran Xabier Lareki Dorronsoro -sobre quien pesaba una orden española de arresto, ya prescrita, por un atentado en 1980-, fueron puestos en libertad tras ser interrogados, informaron fuentes de la investigación.

Ayer por la tarde seguían bajo custodia un ex director gerente de Olabe, José Antonio Zurutuza Sarasola, reclamado por la justicia española por presuntos asesinatos y secuestros, el presunto ex miembro de comandos de ETA Ricardo Pujana Alberdi, igualmente reclamado por España, y el actual presidente de la sociedad Jean-Louis Alcelay, quien asiste al registro, indicaron las fuentes.

En conferencia de prensa, el ministro de Interior Àngel Acebes explicó que Zurutuza, de nacionalidad francesa, cuenta con una orden de detención e ingreso en prisión por asesinatos y secuestros, y añadió que desarrolló «sus actividades criminales desde hace más de 20 años militando ya entonces en ETA». En 1983 formó parte de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Entre las acciones en las que ha participado, según el ministro, se encuentran los asesinatos de un guardia civil en Tolosa, del gerente de la empresa Moulinex en Usurbil, del delegado de Telefónica y un policía de escolta en San Sebastián, además del de un cabo de la Marina Española en Fuenterrabía.