La Mesa del Congreso admitió ayer a trámite las solicitudes de
comparecencia de nueve presidentes o ex presidentes de empresas
públicas privatizadas en la etapa del PP, así como las de cinco
ministros del actual Gobierno, que había pedido el PSOE para
aclarar los procesos de privatización. El órgano rector de la
Cámara deja ahora en manos de las comisiones de Economía y Hacienda
y de Ciencia y Tecnología, donde el grupo del PP tiene mayoría, la
decisión de si los cargos y personas requeridos por el grupo
socialista comparecen finalmente en el Congreso y en qué momento.
El PP sostuvo ayer que la batería de peticiones de comparecencia
responde a una estrategia de «sembrar dudas de honorabilidad» sobre
el proceso de privatizaciones, algo que el PP no admite, pero en
cualquier caso se compromete a estudiar las solicutudes «caso por
caso». Eso sí, dejó claro que la decisión final será de la mayoría
y que, en cualquiera caso, los presidentes no tienen obligación de
acudir al Congreso.
El acuerdo de la Mesa tiene lugar una semana después de que el
Tribunal Constitucional (TC) diese la razón al PSOE en los recursos
presentados en 1997 y 1998 contra la decisión de la Mesa del
Congreso de rechazar las comparecencias de los entonces presidentes
de Telefónica, Juan Villalonga, y Endesa, Rodolfo Martín Villa.
El PSOE se apoyó en esta sentencia para volver a pedir la pasada
semana la comparecencia de estos dos ex presidentes en los mismos
términos en los que lo hicieron en su día, así como la de los
actuales responsables de Telefónica, Endesa, Repsol, Iberia,
Altadis (Tabacalera) e Indra, y la del antiguo presidente de
Argentaria.
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