El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina ha solicitado la
suspensión de las actividades del Partido Comunista de España
Reconstituido -PCE(r)- y la clausura de sus locales en España y en
el extranjero por considerar que su actuación es ilícita, ya que
esta organización constituye la rama política de los GRAPO. El
informe del fiscal ha sido realizado a instancias del juez Baltasar
Garzón.
El informe señala que el Comité Central del PCE(r) nutre
ideológicamente al brazo militar de la organización terrorista,
«fijando la táctica y estrategia de la lucha armada, eligiendo
objetivos, consiguiendo la infraestructura y recursos económicos,
escogiendo a los responsables de las acciones armadas y la
composición de los autodenominados comandos militares».
El Ministerio Fiscal explica que los miembros de la organización
terrorista que son reclutados para los comandos legales primero han
de contactar con alguno de los miembros del PCE(r) en la
clandestinidad para someterse a un período de «adoctrinamiento
político». Después, pasan una «prueba de valía» para, finalmente,
integrarse en los autodenominados 'comandos militares', tras
recibir el visto bueno del PCE(r).
El fiscal Molina sitúa el origen de la formación PCE(r)-GRAPO en
junio de 1975, mediante la configuración de una estructura basada
en el llamado «centralismo democrático», según el cual «toda
organización se somete a una disciplina pública: el militante a su
responsable, la minoría a la mayoría, el organismo inferior al
superior y toda la Organización al Comité de Dirección».
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